Mostrando entradas con la etiqueta 1º Tema 16 "grandes desafíos de la economía actual". Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 1º Tema 16 "grandes desafíos de la economía actual". Mostrar todas las entradas
martes, 8 de junio de 2010
jueves, 27 de mayo de 2010
Rsc. el 13% de la energía consumida por caja madrid en 2009 fue renovable
Eleconomista.es
El año pasado Caja Madrid adquirió 13,5 millones de kWh de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovable, lo que representa un 13,2% del total consumido y ha evitado la emisión de 5.147,6 toneladas de CO2.
El porcentaje se incrementa hasta el 44% en el caso de la energía consumida en la sede principal de la entidad financiera, según queda reflejado en el informe de responsabilidad social correspondiente a 2009.
Junto con la adquisición de este tipo de energía, la caja madrileña también ha puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a conseguir una mayor eficiencia energética y disminución de su impacto medioambiental.
Así, se ha dando continuidad al diagnóstico medioambiental realizado en 2008 y se ha desarrollado en 2009 la documentación relativa al sistema de gestión ambiental de la nueva sede central.
En este edificio se han implantado medidas de eficiencia en los sistemas de climatización, iluminación y ascensores y en la gestión del agua, y otras encaminadas a disminuir el impacto acústico.
Respecto a la cadena de proveedores, se han incluido criterios ambientales, como el consumo energético o el etiquetado ecológico, en la adquisición de equipos informáticos como ordenadores, cajeros y recicladores.
(SERVIMEDIA)
El año pasado Caja Madrid adquirió 13,5 millones de kWh de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovable, lo que representa un 13,2% del total consumido y ha evitado la emisión de 5.147,6 toneladas de CO2.
El porcentaje se incrementa hasta el 44% en el caso de la energía consumida en la sede principal de la entidad financiera, según queda reflejado en el informe de responsabilidad social correspondiente a 2009.
Junto con la adquisición de este tipo de energía, la caja madrileña también ha puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a conseguir una mayor eficiencia energética y disminución de su impacto medioambiental.
Así, se ha dando continuidad al diagnóstico medioambiental realizado en 2008 y se ha desarrollado en 2009 la documentación relativa al sistema de gestión ambiental de la nueva sede central.
En este edificio se han implantado medidas de eficiencia en los sistemas de climatización, iluminación y ascensores y en la gestión del agua, y otras encaminadas a disminuir el impacto acústico.
Respecto a la cadena de proveedores, se han incluido criterios ambientales, como el consumo energético o el etiquetado ecológico, en la adquisición de equipos informáticos como ordenadores, cajeros y recicladores.
(SERVIMEDIA)
domingo, 23 de mayo de 2010
jueves, 20 de mayo de 2010
Aresa Boats: cómo superar la crisis interior vendiendo en los mercados exteriores
Surcando los mares
En Arenys de Mar, un pequeño pueblo barcelonés, Aresa Boats construye embarcaciones para todo el mundo. Contagiada por el espíritu aventurero de su propietario, Óscar López, la compañía ha reinventado un sector históricamente dañado y ha hecho de la internacionalización el antídoto contra la crisis, conquistando África.
Javier Derqui / emprendedores.es
La recesión económica ha provocado una auténtica marejada en negocios como el de los barcos de lujo, hasta el punto de llevarse por delante varios astilleros del país. En Aresa Boats, una empresa que este año cumple medio siglo y que ha tenido tiempo suficiente como para vivir varias crisis, sus promotores tienen claro desde hace años que dedicarse a un solo nicho de mercado es ir directo al naufragio.
Ya en la Transición del franquismo a la democracia, la compañía vivió una situación similar a la actual con la incertidumbre económica provocada por el cambio de régimen político. El negocio de los yates de lujo, su principal fuente de ingresos en aquel momento, resultó seriamente dañado, lo que obligó a la firma a buscar nuevos productos que le permitieran mantenerse a flote. Comenzó así a diversificar su oferta, con la construcción de embarcaciones de servicios portuarios y de vigilancia costera, a las que se unirían más tarde las de transporte de pasajeros, mercancías y pesca profesional.
El éxito de Aresa Boats ha sido posible gracias al empuje de Óscar López, que entró en la compañía antes de iniciar los estudios de Ingeniería, con sólo 17 años, y fue escalando posiciones hasta hacerse con su propiedad cuando apenas tenía 35. Hijo y nieto de pescadores, López ha reinventado desde entonces el concepto de astillero tradicional, dando un giro a su pro- ducción mediante el uso de nuevos materiales para la construcción de embarcaciones gracias a una importante labor de I+D.
Surcando nuevas fronteras
“Fuimos pioneros en la utilización del poliéster en el sector para pintar embarcaciones de composites de grandes dimensiones”, explica el presidente de Aresa Boats. Entonces lo que predominaba era el uso del poliuretano, un material que te obliga a pintar y reparar la embarcación de forma periódica. El poliéster, en cambio, tiene un mantenimiento mucho más sencillo, hasta el punto de que una nave puede estar entre 15 y 20 años sin que tengas que pintarla. “Uno de nuestros hitos ha sido, precisamente, el de producir el mayor barco de poliéster construido nunca en un astillero español, con 40 metros de eslora. Fue posible gracias a que tenemos el mayor molde hembra de poliéster existente en una empresa privada de Europa”, añade.
En un negocio marcado por las reconversiones, el paro y la continua restructuración, Óscar López tuvo claro que si quería sacar adelante su compañía tenía que buscar en el extranjero el negocio que se agotaba en el mercado interior. Consciente de ello, Aresa Boats comenzó a explorar nuevos mercados y en 1978 firmó con el Gobierno de Senegal un contrato para el suministro de embarcaciones de vigilancia interior. Tres años después alcanzó un acuerdo con la Marina de Túnez para servir a este país embarcaciones militares.
Comenzó así una fructífera relación con el continente africano que continúa hoy y que se ha convertido en una de las más importantes fuentes de ingresos para la compañía. “Aunque no sea un mercado natural para la empresa, África es un continente con muchas posibilidades”, puntualiza López.
China, enemigo a batir. En la conquista de África, China es el principal rival al que tiene que hacer frente Aresa Boats. “En realidad, estamos compitiendo con el propio Gobierno chino, que, además, de contar con la ventaja de que vende su producción en dólares, tiene mano de obra barata y maneja bajos costes. Por si fuera poco, financia todo lo que vende”, comenta su presidente.
Aresa Boats ha conseguido competir frente al gigante asiático ofreciendo a sus clientes en África no sólo el producto acabado, sino también un eficaz servicio postventa y programas de formación para el personal que vaya a utilizar sus embarcaciones, en muchos casos dotadas de complejos sistemas electrónicos. “Hemos visto infinidad de proyectos financiados por instituciones internacionales que han acabado atracados en un puerto o cerrados en un almacén por falta de un retén o de una bomba que se ha estropeado. Por eso, cuando vendes a un país africano o sudamericano tienes que garantizarles el suministro de equipos y el mantenimiento, además de la formación de personal adecuada para que rentabilicen el producto al máximo. Hay que tener en cuenta que estamos vendiendo modelos de embarcación de pesca de última generación a gente acostumbrada a trabajar con piraguas y sistemas muy artesanales. Si les das el barco y no les aportas nada más es muy difícil que rentabilicen la inversión”, explica López.
Valor añadido. En este contexto, el grupo puso en marcha un programa de formación que ha supuesto la apertura de una base en Angola. Hasta el momento se ha enseñado a 120 patrones africanos a capitanear embarcaciones mayores. Además, en los últimos años se ha impartido formación a mecánicos profesionales y a más de 1.000 pescadores. En muchos casos, las clases se ofrecen en el propio barco con el fin de hacer hincapié en el manejo de las artes de la pesca, los equipos electrónicos y los radares. Una estrategia que ha consolidado la oferta de Aresa Boats.
Los cursos de la compañía en África se complementan con enseñanzas sobre cómo llevar la pesca al mercado, técnicas de distribución y recomendaciones de almacenaje y refrigerado para la conservación del pescado. Para el dueño de Aresa Boats, “todo esto nos ha permitido completar nuestra oferta y plantar cara a un rival tan fuerte como China. Si no podemos ofrecer mejor precio que ellos, ni tampoco financiación, tenemos que competir dando mejor calidad, mayores garantías y valores añadidos como un buen servicio postventa y programas de formación”.
La especialización manda
El propietario de Aresa Boats cree que el sector está ahora mucho mejor dimensionado que hace unos años y que las compañías que han sabido capear el temporal buscando la especialización serán las que consigan mantener su posición en el futuro. Los planes de su empresa en Arenys de Mar incluyen la construcción de un nuevo astillero con una superficie superior a 10.500 metros cuadrados.
Con optimismo y cierto humor, Óscar López concluye que “el grupo tiene proyectos de sobra para los próximos 35 años, más allá no me veo capaz de vaticinar”.
EXPANSIÓN POR EL CONTINENTE AFRICANO
El afán de Aresa Boats por conquistar mercados extranjeros no habría sido posible seguramente sin el espíritu aventurero de su promotor, Óscar López, un viajero nato que ha recorrido en los últimos años unos 30 países africanos. La situación de alguno de ellos, en permanente convulsión política, le ha hecho vivir situaciones de angustia, como cuando la explosión de un camión bomba al lado de su hotel y del palacio presidencial le obligó a permanecer aislado en Argel durante una semana.
“Hace más de 20 años que estamos en África y hemos vivido de todo porque estamos negociando en zonas que son un auténtico polvorín. Durante años, casi en cada viaje que hacíamos había atentados terroristas. Si no me gustara viajar, esto no habría funcionado. Hemos intentado vender desde casa, pero no ha sido posible”, explica.
En ocasiones, lograr un contrato con un país africano puede costar años de conversaciones. “La primera vez que contactamos con Angola, por ejemplo, fue en 2002, cuando el país todavía estaba en guerra. Estuvimos tres años negociando con ellos y hasta 2007 no empezamos a trabajar físicamente en el proyecto, que terminó en 2009. Son procesos largos y puedes encontrarte con que durante la negociación te cambien los interlocutores”.
La ofensiva de la compañía en el continente africano se ha intensificado en los últimos años, coincidiendo con la caída de demanda por parte del mercado europeo. Para conseguir negocio en los mercados emergentes de África y Latinoamérica, Aresa Boats ha triplicado su equipo comercial y hacer una intensa labor de networking y de establecer contactos políticos de alto nivel.
El ministro de Defensa de Camerún, por ejemplo, visitó recientemente las instalaciones del Grupo en Arenys de Mar para firmar un contrato por el que Aresa Boats construirá patrulleras para el Gobierno de ese país. La compañía desarrolla proyectos similares para naciones como Congo, Nigeria, Togo, Omán o Emiratos Árabes. “En la actualidad tenemos las antenas puestas en más de 50 países”, señala.
En Arenys de Mar, un pequeño pueblo barcelonés, Aresa Boats construye embarcaciones para todo el mundo. Contagiada por el espíritu aventurero de su propietario, Óscar López, la compañía ha reinventado un sector históricamente dañado y ha hecho de la internacionalización el antídoto contra la crisis, conquistando África.
Javier Derqui / emprendedores.es
La recesión económica ha provocado una auténtica marejada en negocios como el de los barcos de lujo, hasta el punto de llevarse por delante varios astilleros del país. En Aresa Boats, una empresa que este año cumple medio siglo y que ha tenido tiempo suficiente como para vivir varias crisis, sus promotores tienen claro desde hace años que dedicarse a un solo nicho de mercado es ir directo al naufragio.
Ya en la Transición del franquismo a la democracia, la compañía vivió una situación similar a la actual con la incertidumbre económica provocada por el cambio de régimen político. El negocio de los yates de lujo, su principal fuente de ingresos en aquel momento, resultó seriamente dañado, lo que obligó a la firma a buscar nuevos productos que le permitieran mantenerse a flote. Comenzó así a diversificar su oferta, con la construcción de embarcaciones de servicios portuarios y de vigilancia costera, a las que se unirían más tarde las de transporte de pasajeros, mercancías y pesca profesional.
El éxito de Aresa Boats ha sido posible gracias al empuje de Óscar López, que entró en la compañía antes de iniciar los estudios de Ingeniería, con sólo 17 años, y fue escalando posiciones hasta hacerse con su propiedad cuando apenas tenía 35. Hijo y nieto de pescadores, López ha reinventado desde entonces el concepto de astillero tradicional, dando un giro a su pro- ducción mediante el uso de nuevos materiales para la construcción de embarcaciones gracias a una importante labor de I+D.
Surcando nuevas fronteras
“Fuimos pioneros en la utilización del poliéster en el sector para pintar embarcaciones de composites de grandes dimensiones”, explica el presidente de Aresa Boats. Entonces lo que predominaba era el uso del poliuretano, un material que te obliga a pintar y reparar la embarcación de forma periódica. El poliéster, en cambio, tiene un mantenimiento mucho más sencillo, hasta el punto de que una nave puede estar entre 15 y 20 años sin que tengas que pintarla. “Uno de nuestros hitos ha sido, precisamente, el de producir el mayor barco de poliéster construido nunca en un astillero español, con 40 metros de eslora. Fue posible gracias a que tenemos el mayor molde hembra de poliéster existente en una empresa privada de Europa”, añade.
En un negocio marcado por las reconversiones, el paro y la continua restructuración, Óscar López tuvo claro que si quería sacar adelante su compañía tenía que buscar en el extranjero el negocio que se agotaba en el mercado interior. Consciente de ello, Aresa Boats comenzó a explorar nuevos mercados y en 1978 firmó con el Gobierno de Senegal un contrato para el suministro de embarcaciones de vigilancia interior. Tres años después alcanzó un acuerdo con la Marina de Túnez para servir a este país embarcaciones militares.
Comenzó así una fructífera relación con el continente africano que continúa hoy y que se ha convertido en una de las más importantes fuentes de ingresos para la compañía. “Aunque no sea un mercado natural para la empresa, África es un continente con muchas posibilidades”, puntualiza López.
China, enemigo a batir. En la conquista de África, China es el principal rival al que tiene que hacer frente Aresa Boats. “En realidad, estamos compitiendo con el propio Gobierno chino, que, además, de contar con la ventaja de que vende su producción en dólares, tiene mano de obra barata y maneja bajos costes. Por si fuera poco, financia todo lo que vende”, comenta su presidente.
Aresa Boats ha conseguido competir frente al gigante asiático ofreciendo a sus clientes en África no sólo el producto acabado, sino también un eficaz servicio postventa y programas de formación para el personal que vaya a utilizar sus embarcaciones, en muchos casos dotadas de complejos sistemas electrónicos. “Hemos visto infinidad de proyectos financiados por instituciones internacionales que han acabado atracados en un puerto o cerrados en un almacén por falta de un retén o de una bomba que se ha estropeado. Por eso, cuando vendes a un país africano o sudamericano tienes que garantizarles el suministro de equipos y el mantenimiento, además de la formación de personal adecuada para que rentabilicen el producto al máximo. Hay que tener en cuenta que estamos vendiendo modelos de embarcación de pesca de última generación a gente acostumbrada a trabajar con piraguas y sistemas muy artesanales. Si les das el barco y no les aportas nada más es muy difícil que rentabilicen la inversión”, explica López.
Valor añadido. En este contexto, el grupo puso en marcha un programa de formación que ha supuesto la apertura de una base en Angola. Hasta el momento se ha enseñado a 120 patrones africanos a capitanear embarcaciones mayores. Además, en los últimos años se ha impartido formación a mecánicos profesionales y a más de 1.000 pescadores. En muchos casos, las clases se ofrecen en el propio barco con el fin de hacer hincapié en el manejo de las artes de la pesca, los equipos electrónicos y los radares. Una estrategia que ha consolidado la oferta de Aresa Boats.
Los cursos de la compañía en África se complementan con enseñanzas sobre cómo llevar la pesca al mercado, técnicas de distribución y recomendaciones de almacenaje y refrigerado para la conservación del pescado. Para el dueño de Aresa Boats, “todo esto nos ha permitido completar nuestra oferta y plantar cara a un rival tan fuerte como China. Si no podemos ofrecer mejor precio que ellos, ni tampoco financiación, tenemos que competir dando mejor calidad, mayores garantías y valores añadidos como un buen servicio postventa y programas de formación”.
La especialización manda
El propietario de Aresa Boats cree que el sector está ahora mucho mejor dimensionado que hace unos años y que las compañías que han sabido capear el temporal buscando la especialización serán las que consigan mantener su posición en el futuro. Los planes de su empresa en Arenys de Mar incluyen la construcción de un nuevo astillero con una superficie superior a 10.500 metros cuadrados.
Con optimismo y cierto humor, Óscar López concluye que “el grupo tiene proyectos de sobra para los próximos 35 años, más allá no me veo capaz de vaticinar”.
EXPANSIÓN POR EL CONTINENTE AFRICANO
El afán de Aresa Boats por conquistar mercados extranjeros no habría sido posible seguramente sin el espíritu aventurero de su promotor, Óscar López, un viajero nato que ha recorrido en los últimos años unos 30 países africanos. La situación de alguno de ellos, en permanente convulsión política, le ha hecho vivir situaciones de angustia, como cuando la explosión de un camión bomba al lado de su hotel y del palacio presidencial le obligó a permanecer aislado en Argel durante una semana.
“Hace más de 20 años que estamos en África y hemos vivido de todo porque estamos negociando en zonas que son un auténtico polvorín. Durante años, casi en cada viaje que hacíamos había atentados terroristas. Si no me gustara viajar, esto no habría funcionado. Hemos intentado vender desde casa, pero no ha sido posible”, explica.
En ocasiones, lograr un contrato con un país africano puede costar años de conversaciones. “La primera vez que contactamos con Angola, por ejemplo, fue en 2002, cuando el país todavía estaba en guerra. Estuvimos tres años negociando con ellos y hasta 2007 no empezamos a trabajar físicamente en el proyecto, que terminó en 2009. Son procesos largos y puedes encontrarte con que durante la negociación te cambien los interlocutores”.
La ofensiva de la compañía en el continente africano se ha intensificado en los últimos años, coincidiendo con la caída de demanda por parte del mercado europeo. Para conseguir negocio en los mercados emergentes de África y Latinoamérica, Aresa Boats ha triplicado su equipo comercial y hacer una intensa labor de networking y de establecer contactos políticos de alto nivel.
El ministro de Defensa de Camerún, por ejemplo, visitó recientemente las instalaciones del Grupo en Arenys de Mar para firmar un contrato por el que Aresa Boats construirá patrulleras para el Gobierno de ese país. La compañía desarrolla proyectos similares para naciones como Congo, Nigeria, Togo, Omán o Emiratos Árabes. “En la actualidad tenemos las antenas puestas en más de 50 países”, señala.
miércoles, 12 de mayo de 2010
Inaugurada la primera cabina telefónica para recargar vehículos eléctricos
Publicado el 12-05-2010 , por Expansión.com
Telefónica y Endesa han presentado en Madrid la primera cabina telefónica que podrá ser utilizada como punto de recarga de vehículos eléctricos. La cabina está situada en Distrito C, sede de Telefónica (Ronda de la Comunicación, s/n), y dispone junto a ella de una zona de aparcamiento donde el usuario del vehículo podrá estacionar y recargar de forma gratuita.
En un acto al que han acudido el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, el presidente de Telefónica, César Alierta, y el presidente de Endesa, Borja Prado, se ha presentado la primera cabina telefónica que podrá recargar vehículos eléctricos.
Junto a la cabina se ha instalado una zona de aparcamiento específico donde el usuario del vehículo eléctrico podrá estacionar y recargar de forma gratuita. Para ello, necesitará disponer de la tarjeta prepago «Cero Emisiones», que entrega el Ayuntamiento de Madrid también de forma gratuita.
Según ha explicado ,la compañía de telecomunicaciones, la instalación de las primeras cabinas servirá como experiencia piloto para demostrar la viabilidad técnica y comercial del proyecto.
Durante la fase de pruebas, que tiene como plazo inicialmente hasta final de año, la prestación del servicio de recarga será gratuita y se hará mediante una tarjeta prepago que deberá ser solicitada a través de internet (vehiculoelectrico@endesa.es). Una vez concluida la experiencia piloto comenzará la explotación comercial.
Asimismo, la compañía contempla extender la iniciativa a otras ciudades. El presidente de Telefónica España recordó que en España existen 15.000 cabinas dotadas de las infraestructuras necesarias para instalar estos dispositivos sin necesidad de grandes obras civiles.
Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado, apuntó que uno de los problemas del desarrollo de estas iniciativas es la falta de demanda actual y recordó que el objetivo del grupo energético es instalar 280 puntos de recargas, junto con sus socios en España, en 2010.
Así, el directivo matizó que no existen vehículos eléctricos porque no hay redes y viceversa, por lo que enfatizó la importancia de este tipo de iniciativas y el compromiso económico y social de desarrollar una "red tupida e inteligente que elimine las barreras" para el desarrollo de los coches eléctricos.
En este sentido, el alcalde de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón apuntó que este proyecto demuestra la "viabilidad" de las cabinas como punto de recarga y señaló que el objetivo de Madrid es colocarse a la cabeza de estas iniciativas con las instalación de hasta 500 puntos de recarga.
Endesa y Telefónica tienen firmado un acuerdo para desarrollar una solución tecnológica que permita utilizar las cabinas de Telefónica como puntos de carga de vehículos eléctricos, con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible, facilitando y haciendo viable la recarga eléctrica en la vía pública. El acuerdo, que establecía las tarjetas prepago como sistema de recarga, también buscaba obtener información de uso y consumos.
Telefónica y Endesa han presentado en Madrid la primera cabina telefónica que podrá ser utilizada como punto de recarga de vehículos eléctricos. La cabina está situada en Distrito C, sede de Telefónica (Ronda de la Comunicación, s/n), y dispone junto a ella de una zona de aparcamiento donde el usuario del vehículo podrá estacionar y recargar de forma gratuita.
En un acto al que han acudido el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, el presidente de Telefónica, César Alierta, y el presidente de Endesa, Borja Prado, se ha presentado la primera cabina telefónica que podrá recargar vehículos eléctricos.
Junto a la cabina se ha instalado una zona de aparcamiento específico donde el usuario del vehículo eléctrico podrá estacionar y recargar de forma gratuita. Para ello, necesitará disponer de la tarjeta prepago «Cero Emisiones», que entrega el Ayuntamiento de Madrid también de forma gratuita.
Según ha explicado ,la compañía de telecomunicaciones, la instalación de las primeras cabinas servirá como experiencia piloto para demostrar la viabilidad técnica y comercial del proyecto.
Durante la fase de pruebas, que tiene como plazo inicialmente hasta final de año, la prestación del servicio de recarga será gratuita y se hará mediante una tarjeta prepago que deberá ser solicitada a través de internet (vehiculoelectrico@endesa.es). Una vez concluida la experiencia piloto comenzará la explotación comercial.
Asimismo, la compañía contempla extender la iniciativa a otras ciudades. El presidente de Telefónica España recordó que en España existen 15.000 cabinas dotadas de las infraestructuras necesarias para instalar estos dispositivos sin necesidad de grandes obras civiles.
Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado, apuntó que uno de los problemas del desarrollo de estas iniciativas es la falta de demanda actual y recordó que el objetivo del grupo energético es instalar 280 puntos de recargas, junto con sus socios en España, en 2010.
Así, el directivo matizó que no existen vehículos eléctricos porque no hay redes y viceversa, por lo que enfatizó la importancia de este tipo de iniciativas y el compromiso económico y social de desarrollar una "red tupida e inteligente que elimine las barreras" para el desarrollo de los coches eléctricos.
En este sentido, el alcalde de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón apuntó que este proyecto demuestra la "viabilidad" de las cabinas como punto de recarga y señaló que el objetivo de Madrid es colocarse a la cabeza de estas iniciativas con las instalación de hasta 500 puntos de recarga.
Endesa y Telefónica tienen firmado un acuerdo para desarrollar una solución tecnológica que permita utilizar las cabinas de Telefónica como puntos de carga de vehículos eléctricos, con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible, facilitando y haciendo viable la recarga eléctrica en la vía pública. El acuerdo, que establecía las tarjetas prepago como sistema de recarga, también buscaba obtener información de uso y consumos.
lunes, 10 de mayo de 2010
El Foro de Davos suspende a España en competitividad
Antonio León. Bruselas
El Foro Económico Mundial ha publicado este fin de semana un informe sobre competitividad que saca los colores al estado de la economía española. La publicación del documento coincide con el evento que los organizadores del Foro de Davos celebran hoy y mañana en Bruselas, para debatir sobre la economía del Viejo continente y la salida de la crisis global.
La competitividad de la economía española figura en el puesto número 18 de una clasificación que incluye a los 27 Estados que forman parte de la UE. España retrocede un puesto en este ranking, después de haberse situado en el lugar número 17 en la anterior edición, la del año 2008. España obtiene 4,53 puntos. De manera que queda por debajo de la media de la UE (4,81 puntos), por detrás de Estados Unidos (5,27 puntos), y también retrasada con respecto a la media del Este Asiático (5,28 puntos).
Líderes nórdicos
Las tres economías más competitivas del club comunitario son, según este documento presentado por el Foro Económico Mundial, Suecia (5,83 puntos), Finlandia (5,72 puntos) y Dinamarca (5,61 puntos). El furgón de cola de la competitividad en el bloque europeo lo integran Grecia (4,18 puntos), Polonia (4,07), Italia (4,03), Rumanía (3,96) y Bulgaria (3,77).
El informe analiza ocho capítulos: crear una sociedad de la información para todos, desarrollar un área para la innovación y la investigación y el desarrollo, liberalización del mercado, industrias de red, servicios financieros eficaces e integrados, mejora del marco empresarial, aumento de la inclusión social, y reforzar el desarrollo sostenible.
Eleconomista.es
El Foro Económico Mundial ha publicado este fin de semana un informe sobre competitividad que saca los colores al estado de la economía española. La publicación del documento coincide con el evento que los organizadores del Foro de Davos celebran hoy y mañana en Bruselas, para debatir sobre la economía del Viejo continente y la salida de la crisis global.
La competitividad de la economía española figura en el puesto número 18 de una clasificación que incluye a los 27 Estados que forman parte de la UE. España retrocede un puesto en este ranking, después de haberse situado en el lugar número 17 en la anterior edición, la del año 2008. España obtiene 4,53 puntos. De manera que queda por debajo de la media de la UE (4,81 puntos), por detrás de Estados Unidos (5,27 puntos), y también retrasada con respecto a la media del Este Asiático (5,28 puntos).
Líderes nórdicos
Las tres economías más competitivas del club comunitario son, según este documento presentado por el Foro Económico Mundial, Suecia (5,83 puntos), Finlandia (5,72 puntos) y Dinamarca (5,61 puntos). El furgón de cola de la competitividad en el bloque europeo lo integran Grecia (4,18 puntos), Polonia (4,07), Italia (4,03), Rumanía (3,96) y Bulgaria (3,77).
El informe analiza ocho capítulos: crear una sociedad de la información para todos, desarrollar un área para la innovación y la investigación y el desarrollo, liberalización del mercado, industrias de red, servicios financieros eficaces e integrados, mejora del marco empresarial, aumento de la inclusión social, y reforzar el desarrollo sostenible.
Eleconomista.es
domingo, 9 de mayo de 2010
La exportación de armas proporciona a España 1.200 millones de euros semestrales
La industria armamentística española es una de las pocas que no han notado la crisis económica actual. En el primer semestre del año 2009, las exportaciones en este sector alcanzaron la cifra de 1.200 millones de euros, superando en un 64,5% los datos del mismo periodo del año anterior.
Según informa extraconfidencial.com, España es uno de los ocho principales suministradores de armamento del mundo, y surte de este tipo de material a países altamente conflictivos, con grandes carencias en lo relativo al respeto de los derechos humanos.
Marruecos y Venezuela, los que más compran
Entre los principales clientes españoles, encontramos países como Marruecos, Venezuela, Colombia, Sri Lanka, Guinea, Angola, Tailandia, Arabia Saudí, Turquía, Pakistán, Ghana, Malasia y Bolivia.
Uno de los datos más destacados es el de Marruecos, que en los últimos tres años ha gastado, al menos, 364 millones de euros en la compra de armamento (bombas, torpedos y granadas) a la industria española.
También Venezuela es un cliente importante. Gracias a los acuerdos firmados en 2005 con el entonces ministro de Defensa, José Bono, España se encuentra en estos momentos construyendo ocho barcos (cuatro buques de vigilancia y cuatro patrulleros oceánicos de combate) para la Armada Bolivariana, que se entregarán de aquí al próximo verano. El total de la operación se cifra en 1.200 millones, que deberá desembolsar el Gobierno de Hugo Chávez.
Entre las principales empresas españolas que se benefician de estas exportaciones, encontramos compañías como CASA, Navantia, Izar Construcciones Navales, Indra, Santa Bárbara, Industria de Turbo Propulsores, Gamesa, Explosivos Alaveses e Iveco Pegaso.
Según informa extraconfidencial.com, España es uno de los ocho principales suministradores de armamento del mundo, y surte de este tipo de material a países altamente conflictivos, con grandes carencias en lo relativo al respeto de los derechos humanos.
Marruecos y Venezuela, los que más compran
Entre los principales clientes españoles, encontramos países como Marruecos, Venezuela, Colombia, Sri Lanka, Guinea, Angola, Tailandia, Arabia Saudí, Turquía, Pakistán, Ghana, Malasia y Bolivia.
Uno de los datos más destacados es el de Marruecos, que en los últimos tres años ha gastado, al menos, 364 millones de euros en la compra de armamento (bombas, torpedos y granadas) a la industria española.
También Venezuela es un cliente importante. Gracias a los acuerdos firmados en 2005 con el entonces ministro de Defensa, José Bono, España se encuentra en estos momentos construyendo ocho barcos (cuatro buques de vigilancia y cuatro patrulleros oceánicos de combate) para la Armada Bolivariana, que se entregarán de aquí al próximo verano. El total de la operación se cifra en 1.200 millones, que deberá desembolsar el Gobierno de Hugo Chávez.
Entre las principales empresas españolas que se benefician de estas exportaciones, encontramos compañías como CASA, Navantia, Izar Construcciones Navales, Indra, Santa Bárbara, Industria de Turbo Propulsores, Gamesa, Explosivos Alaveses e Iveco Pegaso.
sábado, 8 de mayo de 2010
La OIT alerta de que 115 millones de niños aún desempeñan trabajos peligrosos
Ginebra, 8 may (EFE).- Unos 115 millones de niños "todavía están expuesto a trabajos peligrosos, una variable que con frecuencia se utiliza para referirse a las peores formas de trabajo infantil", alertó ayer la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un informe.
Entre estos trabajos calificados como peligrosos se encuentran "jornadas extremadamente largas" o la exposición a sustancias contaminantes como pesticidas, según especificó en la presentación del informe la directora del programa para la eliminación del trabajo infantil, Constance Thomas.
No obstante, la OIT, en su informe mundial sobre Trabajo Infantil que se publica cada cuatro años, destaca que el número de niños trabajadores ha disminuido el 3 por ciento entre los años 2004 y 2008, al pasar de 222 millones a 215 millones en ese período.
Sin embargo, este descenso porcentual es inferior al del cuatrienio anterior (2000-2004), cuando esta cifra se redujo el 9,5 por ciento, como recordó Thomas.
Para el director general de la OIT, Juan Somavia, "el progreso ha sido desparejo, pues no ha sido lo suficientemente rápido ni exhaustivo para alcanzar los objetivos que establecimos".
La organización se ha puesto como meta la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en 2016, para lo cual está previsto que se analice una hoja de ruta durante la conferencia mundial sobre trabajo infantil, que se celebra este fin de semana en La Haya, y que organiza el gobierno de los Países Bajos en colaboración con la OIT.
En este encuentro, se abogará por dar prioridad a los niños en los presupuestos nacionales y en las actividades para el desarrollo, ya que de acuerdo con la OIT "no hay razón ni excusa para sacrificar los compromisos contraídos, en beneficio de las nuevas prioridades establecidas a raíz de la crisis".
Porque el informe avisa de que "de persistir las actuales tendencias, la meta de 2016 no será alcanzada", pese a que se haya mantenido "el patrón general de reducción del trabajo infantil".
En esta línea también se manifestó Thomas, quien señaló que "a este paso no conseguiremos el objetivo marcado para 2016".
El mayor progreso al respecto se ha registrado entre los niños y niñas de 5 a 14 años, ya que el número de trabajadores de estas edades disminuyó el 10 por ciento entre 2004 y 2008.
En este mismo rango de edad y en el mismo periodo, el número de niños y niñas en trabajos peligrosos se redujo el 31 por ciento, un descenso particularmente considerable entre las niñas, pues 15 millones de ellas salieron de este mercado laboral de riesgo.
Sin embargo, la cifra de niños varones dedicados a trabajos peligrosos creció en 8 millones.
De la misma manera, el trabajo infantil entre los jóvenes de 15 a 17 años, para el citado periodo, aumentó en un 20 por ciento, de 52 a 62 millones.
Cabe recordar que la OIT contabiliza en el mundo a 1.586 millones de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años.
Por regiones, las que más redujeron el trabajo infantil fueron Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe, mientras que donde más aumentó fue África Subsahariana.
El sector agrícola supone el ámbito donde trabaja la mayoría de los niños -un 60 por ciento, precisó Thomas-, por lo que la OIT instó a lograr un avance significativo en este campo y recalcó la necesidad de abordar "ciertas formas ocultas de trabajo infantil".
Eleconomista.es
Entre estos trabajos calificados como peligrosos se encuentran "jornadas extremadamente largas" o la exposición a sustancias contaminantes como pesticidas, según especificó en la presentación del informe la directora del programa para la eliminación del trabajo infantil, Constance Thomas.
No obstante, la OIT, en su informe mundial sobre Trabajo Infantil que se publica cada cuatro años, destaca que el número de niños trabajadores ha disminuido el 3 por ciento entre los años 2004 y 2008, al pasar de 222 millones a 215 millones en ese período.
Sin embargo, este descenso porcentual es inferior al del cuatrienio anterior (2000-2004), cuando esta cifra se redujo el 9,5 por ciento, como recordó Thomas.
Para el director general de la OIT, Juan Somavia, "el progreso ha sido desparejo, pues no ha sido lo suficientemente rápido ni exhaustivo para alcanzar los objetivos que establecimos".
La organización se ha puesto como meta la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en 2016, para lo cual está previsto que se analice una hoja de ruta durante la conferencia mundial sobre trabajo infantil, que se celebra este fin de semana en La Haya, y que organiza el gobierno de los Países Bajos en colaboración con la OIT.
En este encuentro, se abogará por dar prioridad a los niños en los presupuestos nacionales y en las actividades para el desarrollo, ya que de acuerdo con la OIT "no hay razón ni excusa para sacrificar los compromisos contraídos, en beneficio de las nuevas prioridades establecidas a raíz de la crisis".
Porque el informe avisa de que "de persistir las actuales tendencias, la meta de 2016 no será alcanzada", pese a que se haya mantenido "el patrón general de reducción del trabajo infantil".
En esta línea también se manifestó Thomas, quien señaló que "a este paso no conseguiremos el objetivo marcado para 2016".
El mayor progreso al respecto se ha registrado entre los niños y niñas de 5 a 14 años, ya que el número de trabajadores de estas edades disminuyó el 10 por ciento entre 2004 y 2008.
En este mismo rango de edad y en el mismo periodo, el número de niños y niñas en trabajos peligrosos se redujo el 31 por ciento, un descenso particularmente considerable entre las niñas, pues 15 millones de ellas salieron de este mercado laboral de riesgo.
Sin embargo, la cifra de niños varones dedicados a trabajos peligrosos creció en 8 millones.
De la misma manera, el trabajo infantil entre los jóvenes de 15 a 17 años, para el citado periodo, aumentó en un 20 por ciento, de 52 a 62 millones.
Cabe recordar que la OIT contabiliza en el mundo a 1.586 millones de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años.
Por regiones, las que más redujeron el trabajo infantil fueron Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe, mientras que donde más aumentó fue África Subsahariana.
El sector agrícola supone el ámbito donde trabaja la mayoría de los niños -un 60 por ciento, precisó Thomas-, por lo que la OIT instó a lograr un avance significativo en este campo y recalcó la necesidad de abordar "ciertas formas ocultas de trabajo infantil".
Eleconomista.es
viernes, 7 de mayo de 2010
jueves, 29 de abril de 2010
Kioto da un toque ambiental a la construcción española
Publicado el 29-04-2010 , por R. Ruiz / Expansion.com
Los años de crecimiento exponencial en el parque de viviendas han dejado una huella difícil de borrar. Se trata de su modelo de construcción, basado en la urgencia en los plazos de entrega, en detrimento de elementos como la calidad y eficiencia energética de estos edificios.
Ahora, en plena caída de las cifras de construcción, el sector inmobiliario se enfrenta al complejo desafío de cambiar esta tendencia.
La mejora de la sostenibilidad de los edificios se enmarca dentro de una estrategia global, en donde lograr una mayor independencia energética respecto a los mercados tradicionales de abastecimiento y reducir el consumo de los edificios se erigen como los objetivos prioritarios. “Si España no actúa de forma más eficiente en los edificios ya construidos, no se podrá cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto, ni, por supuesto, los fijados para 2020 y 2050”, augura Luis Álvarez-Unde, director general del Green Building Council (GBC).
El parque actual de viviendas en España genera un elevado consumo energético
La necesidad de limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) e impulsar el uso de nuevas energías limpias choca con el modelo de construcción, basado en una fórmula ya obsoleta y cuya reforma se ha marcado en el calendario gubernamental. “El sector de la edificación ha incrementado en los últimos años de forma importante, el consumo energético. A partir de 1996, ha habido un enorme crecimiento en el parque residencial, con un aumento de las emisiones de CO2”, asegura el director de GBC.
“Los cambios de estándares de vida se han vinculado a un mayor consumo energético”, añade. “La arquitectura responsable es una respuesta frente a una cultura del exceso en la que hemos vivido en los últimos 60 años”, apunta, por su parte, Paloma Sobrini, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Estos excesos han dejado una pesada losa en materia medioambiental. “En España, la intensidad energética –relación entre el consumo de energía y el PIB– en 1996 era un 6% menor que la media europea y, diez años después, se situaba un 14% por encima de este índice. No es que nos convirtiéramos en unos derrochadores, sino que el resto ya comenzó a aplicar medidas de eficiencia energética”, subraya David Lázaro, director de Ingeniería y Sostenibilidad de CB Richard Ellis.
Regulación
Hasta la fecha, se han aprobado varias normativas, a nivel europeo, nacional y autonómico, para reducir el consumo de las viviendas. Sin embargo, los resultados son dispares. “La normativa europea vigente EPBD no ha sido traspuesta de forma igualitaria en todos los países”, reconoce Javier Serra, subdirector general de Innovación y Calidad de la Edificación del Ministerio de Vivienda y uno de los ponentes de la conferencia Eficiencia energética en la edificación, organizada por Unidad Editorial Conferencias y Formación.
Entre las últimas iniciativas públicas llevadas a cabo en España, destacan varias de carácter eminentemente sectorial: el plan de activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado y la creación de un nuevo contrato de colaboración público privado con las empresas de servicios energéticos (ESE).
Si las medidas se aplican desde el inicio del proyecto, no suponen un sobrecoste
La propuesta tiene una doble vertiente: por un lado, servir de ejemplo al renovar 330 complejos de edificios propiedad de la Administración General del Estado y lograr, en 2016, reducir un 20% el consumo energético de los edificios públicos; y, por otro, impulsar la puesta en marcha de empresas de servicios energéticos a través de un contrato de colaboración público privado, que permite acometer estos proyectos sin que la Administración realice grandes desembolsos iniciales para reformar el parque de edificios existente.
Promoción
Dentro de las medidas a implantar en la nueva construcción, los expertos no dudan en señalar que la eficiencia energética debe ser valorada desde el inicio del proyecto. “Con poca inversión, se pueden obtener grandes ahorro”, señala Álvarez-Unde. Las medidas de ahorro energético “no tienen que ser una capa que se pasa al final de la construcción, sino un modo de hacer arquitectura desde el principio del proyecto”, apunta Paloma Sobrini.
La implantación de medidas que permitan edificar inmuebles con un consumo energético mínimo no deben requerir un sobrecoste, sino que, al contrario, pueden permitir un ahorro tanto para el promotor como para el cliente final. “Lo que no es barato es la adaptación; si lo haces desde el principio, teniendo en cuenta estas cuestiones desde el diseño del proyecto, pueden permitir ahorros del 20%, 30% hasta el 40%”, subraya el responsable de CB Richard Ellis.
El diseño juega un papel fundamental a la hora de lograr que estos edificios sean calificados como sostenibles. Medidas tan básicas como tener en cuenta la orientación del inmueble o la situación en la zona geográfica ya suponen un primer gran paso para lograr que consuman menos. Además, los materiales utilizados son otra poderosa herramienta. “Un correcto aislamiento térmico permitiría reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 de los edificios hasta un 50%”, subraya Luis Mateo, director general de Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, en el encuentro de Unidad Editorial Conferencias y Formación.
La normativa
- La directiva europea establece un mínimo de rendimiento energético para los edificios, certificaciones que acrediten el cumplimiento normativo e inspecciones periódicas obligatorias.
- El plan estatal de Vivienda y Rehabilitación, vigente de 2009 a 2012 ofrece ayudas a las comunidades de vecinos para reformar sus edificios y hacerlos más sostenibles a través del Plan Renove.
- Recientemente, el Gobierno aprobó el Plan de Activación de la Eficiencia Energética en los Edificios de la Administración General del Estado, para reducir un 20% el consumo de energía de 330 edificios públicos en 2015.
De campañas de sensibilización a concursos de casas solares
El Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha varias iniciativas con el objetivo de fomentar la construcción de nuevos inmuebles eficientes energéticamente y de mejorar los ya existentes.
Planes de acción, trasposiciones de normativas europeas e incentivos para la mejora de la eficiencia energética han sido aprobados en los últimos años siguiendo la corriente de una mayor conciencia medioambiental por la que apuesta la sociedad del siglo XXI.
“Trabajamos en la sensibilización de la sociedad a través de campañas o concursos como el Solar Decathlon Europe”, subraya Javier Serra, del Ministerio de Vivienda. Estos planes se conjugan con otras iniciativas, de carácter más social, que buscan insistir en la idea de que sea el propio usuario el que se decante por los productos que mejoren la eficiencia energética de los inmuebles. “Ahora mismo, la gente no elige; nadie se plantea si el producto que compra tiene en cuenta la variable medioambiental; se mira sólo el precio o elcolor”, recalca David Lázaro.
“Es necesaria la concienciación a todos los niveles, particularmente la de los usuarios, para que se demanden edificios poco consumidores”, añade Mateo. Entre las que más apoyo institucional han generado, destaca la competición internacional Solar Decathlon Europe, un evento que se celebra el próximo mes de junio en Madrid y cuya celebración se traslada por primera vez de Estados Unidos a la capital española. El evento trata de premiar a la mejor casa solar creada por equipos de universidades de todo el mundo, entre ellas, ocho españolas.
Los años de crecimiento exponencial en el parque de viviendas han dejado una huella difícil de borrar. Se trata de su modelo de construcción, basado en la urgencia en los plazos de entrega, en detrimento de elementos como la calidad y eficiencia energética de estos edificios.
Ahora, en plena caída de las cifras de construcción, el sector inmobiliario se enfrenta al complejo desafío de cambiar esta tendencia.
La mejora de la sostenibilidad de los edificios se enmarca dentro de una estrategia global, en donde lograr una mayor independencia energética respecto a los mercados tradicionales de abastecimiento y reducir el consumo de los edificios se erigen como los objetivos prioritarios. “Si España no actúa de forma más eficiente en los edificios ya construidos, no se podrá cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto, ni, por supuesto, los fijados para 2020 y 2050”, augura Luis Álvarez-Unde, director general del Green Building Council (GBC).
El parque actual de viviendas en España genera un elevado consumo energético
La necesidad de limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) e impulsar el uso de nuevas energías limpias choca con el modelo de construcción, basado en una fórmula ya obsoleta y cuya reforma se ha marcado en el calendario gubernamental. “El sector de la edificación ha incrementado en los últimos años de forma importante, el consumo energético. A partir de 1996, ha habido un enorme crecimiento en el parque residencial, con un aumento de las emisiones de CO2”, asegura el director de GBC.
“Los cambios de estándares de vida se han vinculado a un mayor consumo energético”, añade. “La arquitectura responsable es una respuesta frente a una cultura del exceso en la que hemos vivido en los últimos 60 años”, apunta, por su parte, Paloma Sobrini, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Estos excesos han dejado una pesada losa en materia medioambiental. “En España, la intensidad energética –relación entre el consumo de energía y el PIB– en 1996 era un 6% menor que la media europea y, diez años después, se situaba un 14% por encima de este índice. No es que nos convirtiéramos en unos derrochadores, sino que el resto ya comenzó a aplicar medidas de eficiencia energética”, subraya David Lázaro, director de Ingeniería y Sostenibilidad de CB Richard Ellis.
Regulación
Hasta la fecha, se han aprobado varias normativas, a nivel europeo, nacional y autonómico, para reducir el consumo de las viviendas. Sin embargo, los resultados son dispares. “La normativa europea vigente EPBD no ha sido traspuesta de forma igualitaria en todos los países”, reconoce Javier Serra, subdirector general de Innovación y Calidad de la Edificación del Ministerio de Vivienda y uno de los ponentes de la conferencia Eficiencia energética en la edificación, organizada por Unidad Editorial Conferencias y Formación.
Entre las últimas iniciativas públicas llevadas a cabo en España, destacan varias de carácter eminentemente sectorial: el plan de activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado y la creación de un nuevo contrato de colaboración público privado con las empresas de servicios energéticos (ESE).
Si las medidas se aplican desde el inicio del proyecto, no suponen un sobrecoste
La propuesta tiene una doble vertiente: por un lado, servir de ejemplo al renovar 330 complejos de edificios propiedad de la Administración General del Estado y lograr, en 2016, reducir un 20% el consumo energético de los edificios públicos; y, por otro, impulsar la puesta en marcha de empresas de servicios energéticos a través de un contrato de colaboración público privado, que permite acometer estos proyectos sin que la Administración realice grandes desembolsos iniciales para reformar el parque de edificios existente.
Promoción
Dentro de las medidas a implantar en la nueva construcción, los expertos no dudan en señalar que la eficiencia energética debe ser valorada desde el inicio del proyecto. “Con poca inversión, se pueden obtener grandes ahorro”, señala Álvarez-Unde. Las medidas de ahorro energético “no tienen que ser una capa que se pasa al final de la construcción, sino un modo de hacer arquitectura desde el principio del proyecto”, apunta Paloma Sobrini.
La implantación de medidas que permitan edificar inmuebles con un consumo energético mínimo no deben requerir un sobrecoste, sino que, al contrario, pueden permitir un ahorro tanto para el promotor como para el cliente final. “Lo que no es barato es la adaptación; si lo haces desde el principio, teniendo en cuenta estas cuestiones desde el diseño del proyecto, pueden permitir ahorros del 20%, 30% hasta el 40%”, subraya el responsable de CB Richard Ellis.
El diseño juega un papel fundamental a la hora de lograr que estos edificios sean calificados como sostenibles. Medidas tan básicas como tener en cuenta la orientación del inmueble o la situación en la zona geográfica ya suponen un primer gran paso para lograr que consuman menos. Además, los materiales utilizados son otra poderosa herramienta. “Un correcto aislamiento térmico permitiría reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 de los edificios hasta un 50%”, subraya Luis Mateo, director general de Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, en el encuentro de Unidad Editorial Conferencias y Formación.
La normativa
- La directiva europea establece un mínimo de rendimiento energético para los edificios, certificaciones que acrediten el cumplimiento normativo e inspecciones periódicas obligatorias.
- El plan estatal de Vivienda y Rehabilitación, vigente de 2009 a 2012 ofrece ayudas a las comunidades de vecinos para reformar sus edificios y hacerlos más sostenibles a través del Plan Renove.
- Recientemente, el Gobierno aprobó el Plan de Activación de la Eficiencia Energética en los Edificios de la Administración General del Estado, para reducir un 20% el consumo de energía de 330 edificios públicos en 2015.
De campañas de sensibilización a concursos de casas solares
El Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha varias iniciativas con el objetivo de fomentar la construcción de nuevos inmuebles eficientes energéticamente y de mejorar los ya existentes.
Planes de acción, trasposiciones de normativas europeas e incentivos para la mejora de la eficiencia energética han sido aprobados en los últimos años siguiendo la corriente de una mayor conciencia medioambiental por la que apuesta la sociedad del siglo XXI.
“Trabajamos en la sensibilización de la sociedad a través de campañas o concursos como el Solar Decathlon Europe”, subraya Javier Serra, del Ministerio de Vivienda. Estos planes se conjugan con otras iniciativas, de carácter más social, que buscan insistir en la idea de que sea el propio usuario el que se decante por los productos que mejoren la eficiencia energética de los inmuebles. “Ahora mismo, la gente no elige; nadie se plantea si el producto que compra tiene en cuenta la variable medioambiental; se mira sólo el precio o elcolor”, recalca David Lázaro.
“Es necesaria la concienciación a todos los niveles, particularmente la de los usuarios, para que se demanden edificios poco consumidores”, añade Mateo. Entre las que más apoyo institucional han generado, destaca la competición internacional Solar Decathlon Europe, un evento que se celebra el próximo mes de junio en Madrid y cuya celebración se traslada por primera vez de Estados Unidos a la capital española. El evento trata de premiar a la mejor casa solar creada por equipos de universidades de todo el mundo, entre ellas, ocho españolas.
lunes, 26 de abril de 2010
Cómo construir una economía 'verde'
Sabemos cómo frenar el calentamiento de la Tierra, y los costes son asumibles. Hace falta voluntad política, según expone el premio Nobel de Economía de 2008
PAUL KRUGMAN 25/04/2010
Si escuchan a los climatólogos -y a pesar de la implacable campaña para desacreditar su trabajo, deberían escucharlos-, hace ya mucho que habría que haber hecho algo respecto a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Aseguran que, si seguimos como hasta ahora, nos enfrentamos a una subida de las temperaturas mundiales que será poco menos que apocalíptica. Y para evitar ese Apocalipsis tenemos que acostumbrar a la economía a dejar de usar combustibles fósiles, sobre todo carbón.
¿Pero es posible realizar recortes drásticos en las emisiones de gases de efecto invernadero sin destruir la economía? Al igual que el debate sobre el cambio climático, el debate sobre la economía climática tiene un aspecto muy distinto visto desde dentro, en comparación con el aspecto que suele tener en los medios de comunicación populares. El lector ocasional podría tener la impresión de que hay dudas reales sobre si las emisiones pueden reducirse sin infligir un daño grave a la economía. De hecho, una vez que uno filtra las interferencias generadas por los grupos de presión, descubre que los economistas medioambientales en general coinciden en que con un programa basado en el mercado para hacer frente a la amenaza del cambio climático -uno que limite las emisiones poniéndoles un precio- se pueden obtener grandes resultados con un coste módico, aunque no despreciable. Sin embargo, hay mucho menos consenso en cuanto a la rapidez con la que deberíamos actuar, si los esfuerzos de conservación importantes deben ponerse en marcha casi de inmediato o intensificarse gradualmente a lo largo de muchas décadas.
En los párrafos siguientes presentaré un breve informe sobre la economía del cambio climático, o más exactamente, la economía de la reducción del cambio climático. Trataré de exponer los asuntos sobre los que hay un acuerdo amplio, así como aquellos que siguen siendo objeto de importantes disputas. Pero primero, una introducción a la economía básica de la protección medioambiental.
ECONOMÍA MEDIOAMBIENTAL 101
Si hay una única verdad fundamental en la economía, es esta: las transacciones entre personas mayores de edad generan beneficios mutuos. Si el precio consensuado de un artilugio es de 10 dólares y compro uno, debe de ser porque ese artilugio vale más de 10 dólares para mí. Si uno vende un artilugio a ese precio, debe de ser porque fabricarlo le cuesta menos de 10 dólares. Por tanto, comprar y vender en el mercado de los artilugios redunda en beneficio tanto de los compradores como de los vendedores. Es más, un análisis pormenorizado demuestra que si hay una competencia real en el mercado de los artilugios, de tal modo que el precio termine por hacer coincidir el número de artilugios que la gente quiere comprar con el de artilugios que otra gente quiere vender, la consecuencia es que los beneficios de productores y consumidores se maximizan. Los mercados libres son eficientes (lo que en jerga económica, al contrario que en el lenguaje coloquial, significa que nadie puede mejorar su situación sin empeorar la situación de otro).
Pero la eficiencia no lo es todo. En concreto, no hay razón para suponer que los mercados libres generarán un resultado que consideraremos justo o equitativo. De modo que el argumento de la eficiencia del mercado no dice nada sobre si deberíamos tener, por ejemplo, alguna forma de seguro sanitario garantizado, ayuda a los pobres y demás. Pero la lógica de la economía básica dice que deberíamos tratar de alcanzar objetivos sociales mediante intervenciones posmercado. Es decir, deberíamos dejar que los mercados cumplan su función, haciendo un uso eficiente de los recursos del país, y luego emplear los impuestos y las transferencias para ayudar a aquellos a quienes el mercado pasa por alto.
Pero, ¿y si un acuerdo entre personas mayores de edad supone un coste para personas que no forman parte del intercambio? ¿Qué pasa si alguien fabrica un artilugio y yo lo compro, con beneficios para ambos, pero el proceso de producir ese artilugio conlleva verter residuos tóxicos en el agua potable de otras personas? Cuando hay "efectos externos negativos" -costes que los agentes económicos imponen a otros sin pagar un precio por sus acciones- se esfuma cualquier suposición de que la economía de mercado, si se la deja a su aire, hará lo que debe. Entonces, ¿qué hacemos? La economía medioambiental trata de dar respuesta a esa pregunta.
Un modo de hacer frente a los efectos externos negativos es dictar normas que prohíban o al menos limiten los comportamientos que impongan costes especialmente altos a otros. Eso es lo que hicimos durante la primera gran oleada de legislación medioambiental a principios de los años setenta: se exigió que los coches cumpliesen unas normas sobre las emisiones de los compuestos que provocan la niebla tóxica, se exigió a las fábricas que limitasen el volumen de residuos que vertían a los ríos, y así sucesivamente. Y ese método dio sus frutos; el aire y el agua de Estados Unidos se volvieron mucho más limpios durante las décadas siguientes.
Pero aunque la regulación directa de las actividades contaminantes tiene sentido en algunos casos, es enormemente defectuosa en otros, porque no deja ningún margen para la flexibilidad o la creatividad. Pensemos en el mayor problema medioambiental de los años ochenta: la lluvia ácida. Resultó que las emisiones de dióxido de azufre de las centrales eléctricas tendían a combinarse con el agua siguiendo la dirección del viento y a generar ácido sulfúrico, que destruía la flora (y la fauna). En 1977, el Gobierno hizo su primer intento de abordar el problema y recomendó que todas las centrales nuevas alimentadas con carbón tuviesen depuradoras que eliminasen el dióxido de azufre de sus emisiones. Imponer una norma estricta a todas las centrales era problemático, porque modernizar algunas centrales más antiguas habría resultado extremadamente caro. Sin embargo, al regular únicamente las centrales nuevas, el Gobierno desaprovechó la oportunidad de lograr un control de la contaminación bastante barato en centrales que eran, de hecho, fáciles de modernizar. Salvo mediante una adquisición federal de facto del sector eléctrico, con funcionarios federales dictando instrucciones específicas para cada central, ¿cómo podía resolverse este dilema?
Entra en escena Arthur Cecil Pigou, un catedrático británico de principios del siglo XX cuyo libro de 1920, The economics of welfare (La economía del bienestar), suele considerarse la base de la economía medioambiental.
Aunque en cierto modo resulte sorprendente, teniendo en cuenta su actual condición de padrino de la ciencia medioambiental altamente desarrollada desde un punto de vista económico, Pigou no hizo verdaderamente hincapié en el problema de la contaminación. Más que centrarse en, por ejemplo, la famosa niebla de Londres (en realidad, niebla tóxica acre, provocada por millones de fuegos de carbón), abría su disertación con un ejemplo que debió de parecer cursi incluso en 1920, un caso hipotético en el que "las actividades de conservación de la caza menor de un ocupante conllevan la invasión de las tierras de un ocupante vecino por los conejos". Pero da igual. Lo que Pigou enunciaba era un principio: las actividades económicas que imponen costes no recíprocos a otras personas no siempre deben prohibirse, pero deben desaconsejarse. Y la forma correcta de frenar una actividad, en la mayoría de los casos, es ponerle un precio. Por eso, Pigou proponía que las personas que generan efectos externos negativos pagasen una cuota que reflejara los costes que imponen a otros (lo que ha llegado a conocerse como impuesto pigouviano). La versión más simple del impuesto pigouviano es una cuota sobre las aguas residuales: cualquiera que vierta contaminantes en un río, o los libere en el aire, debe pagar una suma proporcional a la cantidad vertida.
El análisis de Pigou quedó en gran parte olvidado durante casi un siglo, mientras los economistas dedicaban su tiempo a luchar contra problemas que parecían más acuciantes, como la Gran Depresión. Pero con el auge de la normativa medioambiental, los economistas desempolvaron a Pigou y empezaron a defender un planteamiento "basado en el mercado" que ofreciese al sector privado incentivos, por medio de los precios, para limitar la contaminación, en lugar de un remedio a base de "órdenes y control" que dictase instrucciones específicas en forma de normas.
La reacción inicial de muchos activistas medioambientales ante esta idea fue hostil, en gran parte por razones morales. Les parecía que la contaminación debía tratarse como un crimen, más que como algo que uno tiene derecho a hacer siempre que pague el dinero suficiente. Conflictos morales aparte, también había un escepticismo considerable en cuanto a si los incentivos mercantiles serían realmente eficaces para reducir la contaminación. Incluso, hoy, los impuestos pigouvianos tal como se idearon originalmente son relativamente raros. El ejemplo más provechoso que he podido encontrar es un impuesto holandés sobre los vertidos de agua que contienen materia orgánica.
La idea que sí ha cuajado, en cambio, es una variante que la mayoría de los economistas consideran más o menos equivalente: un sistema de permisos de emisiones comercializables, también conocido como tope y trueque. Según este modelo, se concede un número limitado de permisos para emitir un contaminante específico como el dióxido de azufre. Una empresa que quiera generar más contaminación de la que se le permite puede ir y comprar permisos adicionales de otras partes; una compañía que tenga más permisos de los que tiene intención de usar puede vender los que le sobran. Esto proporciona a todo el mundo un incentivo para reducir la contaminación, porque los compradores no tienen que adquirir tantos permisos si pueden recortar sus emisiones, y los vendedores pueden deshacerse de más permisos si hacen lo mismo. De hecho, desde un punto de vista económico, un sistema de tope y trueque produce los mismos incentivos para reducir la contaminación que un impuesto pigouviano, ya que, efectivamente, el precio de los permisos hace las veces de un impuesto sobre la contaminación.
En la práctica hay un par de diferencias importantes entre el tope y trueque y un impuesto sobre la contaminación. Una es que los dos sistemas generan tipos distintos de incertidumbre. Si el Gobierno establece un impuesto sobre la contaminación, los contaminadores saben qué precio tendrán que pagar, pero el Gobierno no sabe cuánta contaminación generarán. Si el Gobierno impone un tope, conoce la cantidad de contaminación, pero los contaminadores no saben cuál será el precio de las emisiones. Otra diferencia importante tiene que ver con los ingresos del Gobierno. Un impuesto sobre la contaminación es, bueno, un impuesto, el cual supone un coste para el sector privado mientras que genera ingresos para el Gobierno. El sistema de tope y trueque es un poco más complicado. Si el Gobierno se limita a emitir los permisos y recaudar los ingresos, entonces es exactamente igual que un impuesto. Sin embargo, el tope y trueque suele conllevar un intercambio de permisos entre los agentes existentes, por lo que los posibles ingresos van a parar a la industria en lugar de al Gobierno.
Desde el punto de vista político, repartir permisos entre la industria no es del todo malo, porque brinda un modo de compensar parcialmente a algunos de los grupos cuyos intereses sufrirían si se adoptase una política dura contra el cambio climático. Esto puede servir para que aprobar las leyes sea más factible.
Estas reflexiones políticas probablemente expliquen por qué la solución al dilema de la lluvia ácida adoptó la forma del tope y trueque y por qué los permisos para contaminar se distribuyeron gratuitamente entre las empresas eléctricas. También merece la pena señalar que el proyecto de ley Waxman-Markey, un sistema de tope y trueque para los gases de efecto invernadero que empieza concediendo muchos permisos al sector, pero saca a subasta un número creciente durante los años siguientes, fue de hecho aprobado por la Cámara de Representantes el año pasado; es difícil imaginar un impuesto generalizado sobre las emisiones que haga lo mismo durante muchos años.
Eso no significa que los impuestos sobre las emisiones no tengan ninguna posibilidad de éxito. Hace poco, algunos senadores han presentado una propuesta con una especie de solución híbrida, con tope y trueque para algunos sectores de la economía e impuestos sobre el carbono para otros (principalmente, el petróleo y el gas). La lógica política parece ser la de que el sector del petróleo piensa que los consumidores no le culparán por la subida de los precios si dichos precios reflejan un impuesto concreto.
En cualquier caso, la experiencia indica que el control de las emisiones basado en el mercado funciona. Nuestra historia reciente en relación con la lluvia ácida demuestra lo mismo. La Ley del Aire Limpio de 1990 introdujo un sistema de tope y trueque por el que las centrales eléctricas podían comprar y vender el derecho a emitir dióxido de azufre, y dejaba en manos de las empresas individuales la gestión de su actividad dentro de los nuevos límites. Como cabía esperar, con el paso del tiempo, las emisiones de dióxido de azufre de las centrales eléctricas se redujeron a casi la mitad, a un coste mucho más bajo de lo que incluso los optimistas esperaban; los precios de la electricidad bajaron en vez de subir. El problema de la lluvia ácida no desapareció, pero se redujo considerablemente. Se podría pensar que los resultados demostraban que podemos hacer frente a los problemas medioambientales cuando nos vemos obligados a hacerlo.
De modo que ahí lo tenemos, ¿no? La emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero es un efecto externo negativo típico (el "mayor fallo del mercado que el mundo ha conocido jamás", en palabras de Nicholas Stern, autor de un informe sobre el tema para el Gobierno británico). La economía de los libros de texto y la experiencia del mundo real nos dicen que deberíamos tener políticas que desincentiven las actividades que generan efectos externos negativos y que, por lo general, es mejor depender de un enfoque basado en el mercado.
¿CLIMA DE DUDA?
Éste es un artículo sobre la economía del clima, no sobre la climatología. Pero antes de abordar la economía merece la pena aclarar tres cosas en relación con la situación del debate científico.
La primera es que, sin duda, el planeta se está calentando. La temperatura fluctúa y, en consecuencia, es bastante fácil encontrar un año inusualmente cálido en el pasado reciente, notar que ahora hace más frío y afirmar: "¡Ven, el planeta se está enfriando, no calentando!". Pero si se observan las pruebas como es debido -teniendo en cuenta las medias a lo largo de periodos lo bastante prolongados como para anular las fluctuaciones-, la tendencia ascendente es inequívoca: cada década sucesiva desde la de los setenta ha sido más cálida que la anterior.
En segundo lugar, los modelos climáticos predijeron esto con mucha antelación, e incluso adivinaron la magnitud del aumento de las temperaturas con bastante aproximación. Mientras que es relativamente fácil idear un análisis que haga coincidir datos conocidos, es mucho más complicado crear un modelo que prediga el futuro con exactitud. Así que el hecho de que los creadores de los modelos predijesen correctamente hace más de 20 años el calentamiento mundial futuro les da una enorme credibilidad.
Pero esa no es la conclusión que se podría extraer de los muchos informes de los medios de comunicación que se han centrado en asuntos como los mensajes de correo electrónico pirateados y los científicos que hablan de "hacer trampa" para "ocultar" una caída anómala en una serie de datos o expresan el deseo de que los artículos de los escépticos del cambio climático queden excluidos de las revisiones de investigación. La verdad, sin embargo, es que los supuestos escándalos se esfuman al analizarlos más de cerca, y solamente revelan que quienes investigan el clima también son seres humanos. Sí, los científicos procuran que sus resultados destaquen, pero no se ha suprimido ningún dato. Sí, a los científicos no les gusta que se publiquen trabajos que, en su opinión, crean deliberadamente confusión respecto a los problemas. ¿Qué tiene de extraño? No hay nada que dé a entender que no se deba seguir apoyando firmemente la investigación sobre el clima.
Y esto me lleva al tercer punto: los modelos basados en esta investigación indican que si seguimos añadiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera como hasta ahora, terminaremos enfrentándonos a cambios drásticos en el clima. Seamos claros. No estamos hablando de unos cuantos días más de calor en verano y de un poco menos de nieve en invierno; estamos hablando de acontecimientos enormemente perjudiciales, como la transformación del suroeste de Estados Unidos en una zona de gran sequía permanente durante las próximas décadas.
Sin embargo, a pesar de la alta credibilidad de los creadores de los modelos climáticos, sigue existiendo una tremenda incertidumbre en sus previsiones a largo plazo. Pero, como veremos en breve, la incertidumbre es un argumento a favor de medidas más fuertes, no más débiles. De modo que el cambio climático exige pasar a la acción. ¿Es un programa de tope y trueque similar al modelo utilizado para reducir el dióxido de azufre el sistema adecuado?
La oposición seria al tope y trueque suele presentarse bajo dos formas: el argumento de que una acción más directa -en concreto, una prohibición de las centrales eléctricas alimentadas con carbón- sería más efectiva, y el de que un impuesto sobre las emisiones sería mejor que la comercialización de las emisiones. (Dejemos a un lado a quienes rechazan la ciencia del clima en su totalidad y se oponen a cualquier limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a quienes se oponen al uso de cualquier clase de solución basada en el mercado). Hay argumentos a favor de cada una de esas propuestas, aunque no tantos como sus defensores creen.
En lo que respecta a la acción directa, uno puede argumentar que los economistas aman los mercados de manera insensata y excesiva, que están demasiado dispuestos a suponer que cambiar los incentivos económicos de la gente resuelve todos los problemas. En concreto, no es posible ponerle precio a algo a menos que se pueda medir con precisión, y eso puede ser complicado a la par que caro. Por eso, a veces, es mejor limitarse a establecer algunas normas básicas sobre lo que la gente puede y no puede hacer.
Fíjense en las emisiones de los coches, por ejemplo. ¿Podríamos o deberíamos cobrar a cada propietario de un coche una cuota proporcional a las emisiones de su tubo de escape? Desde luego que no. Habría que instalar caros equipos de control en cada coche y también habría que preocuparse por el fraude. Casi con certeza, es mejor hacer lo que de hecho hacemos, que es imponer normas sobre las emisiones a todos los coches.
¿Se puede exponer un razonamiento similar respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero? Mi reacción inicial, que sospecho que compartirían la mayoría de los economistas, es que la propia escala y complejidad de la situación requiere una solución basada en el mercado, ya sea el tope y trueque o un impuesto sobre las emisiones. Después de todo, los gases de efecto invernadero son un subproducto directo o indirecto de casi todo lo producido en una economía moderna, desde las casas en las que vivimos hasta los coches que conducimos. Para reducir las emisiones de esos gases será necesario lograr que la gente modificase su comportamiento de muchas maneras diferentes, algunas de ellas imposibles de identificar hasta que tengamos un dominio mucho mayor de la tecnología ecológica. Por tanto, ¿podemos realmente conseguir avances significativos diciéndole a la gente lo que está o no está concretamente permitido? Economía 101 nos dice -probablemente con acierto- que el único modo de conseguir que la gente cambie de comportamiento adecuadamente es ponerles un precio a las emisiones, de tal manera que este coste quede a su vez incorporado en todo lo demás de una forma que refleje los impactos medioambientales finales.
Cuando los compradores vayan a la frutería, por ejemplo, se encontrarán con que las frutas y las verduras que vienen de lejos tienen precios más altos que las locales, lo que será en parte un reflejo del coste de los permisos de emisión o impuestos pagados para enviar esos productos. Cuando las empresas decidan cuánto gastarse en aislamiento, tendrán en cuenta los costes de la calefacción y el aire acondicionado, que incluyen el precio de los permisos de emisión o los impuestos pagados por la generación de electricidad. Cuando las instalaciones eléctricas tengan que elegir entre distintas fuentes de energía, tendrán que tener en cuenta que el consumo de combustibles fósiles irá asociado a unos impuestos más altos o unos permisos más caros. Y así sucesivamente. Un sistema basado en el mercado crearía incentivos descentralizados para hacer lo correcto, y ésa es la única forma de hacerlo.
Dicho eso, podrían ser necesarias algunas normas específicas. James Hansen, el destacado climatólogo a quien se le debe atribuir gran parte del mérito de haber convertido el cambio climático en un problema prioritario, ha defendido enérgicamente que la mayor parte del problema del cambio climático se debe a una sola cosa, la combustión del carbón, y que hagamos lo que hagamos tenemos que dejar de quemar carbón de aquí a 20 años. Mi reacción como economista es que un canon caro disuadiría de usar carbón en cualquier caso. Pero es posible que un sistema basado en el mercado acabe teniendo lagunas, y las consecuencias serían terribles. Así que yo defendería que se complementasen las medidas disuasorias basadas en el mercado con controles directos del uso del carbón como combustible.
¿Y qué hay de la defensa de un impuesto sobre las emisiones en lugar de un sistema de tope y trueque? No cabe duda de que un impuesto directo tendría muchas ventajas frente a leyes como la de Waxman-Markey, que está llena de excepciones y situaciones especiales. Pero esa no es en realidad una comparación útil: por supuesto que un impuesto ideal sobre las emisiones tiene mejor aspecto que un sistema de tope y trueque que la Cámara ya ha aprobado con todas sus condiciones adicionales. La pregunta es si el impuesto sobre las emisiones que realmente podría aplicarse es mejor que el tope y trueque. No hay motivos para creer que lo sería; de hecho, no hay motivos para creer que un impuesto sobre las emisiones generalizado conseguiría la aprobación del Congreso.
Para ser justos, Hansen ha expuesto un interesante argumento moral contra el sistema de tope y trueque, uno mucho más elaborado que la vieja idea de que está mal permitir que quienes contaminan compren el derecho a contaminar. Hansen llama la atención sobre el hecho de que en un mundo de tope y trueque, las buenas acciones individuales no contribuyen a los objetivos sociales. Si uno opta por conducir un coche híbrido o comprar una casa con una huella de carbono pequeña, todo lo que está haciendo es liberar permisos de emisiones para otra persona, lo que significa que uno no ha hecho nada para reducir la amenaza del cambio climático. Tiene parte de razón. Pero el altruismo no puede resolver de forma efectiva el problema del cambio climático. Cualquier solución seria debe depender principalmente de la creación de un sistema que le dé a todo el mundo un motivo egoísta para generar menos emisiones. Es una lástima, pero el altruismo climático debe ponerse por detrás de la tarea de lograr que dicho sistema funcione.
La conclusión, por tanto, es que, aunque el cambio climático puede ser un problema muchísimo más grave que el de la lluvia ácida, la lógica de cómo responder ante él es en gran medida la misma. Lo que necesitamos son incentivos de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero -junto con algunos controles directos del uso del carbón-, y el sistema de tope y trueque es una forma razonable de crear esos incentivos.
¿Pero podemos permitirnos hacer eso? Y lo que es igual de importante, ¿podemos permitirnos no hacerlo?
EL PRECIO DE LA ACTUACIÓN
Del mismo modo que existe un consenso aproximado entre los creadores de los modelos climáticos en cuanto a la trayectoria probable de las temperaturas si no actuamos para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, hay un consenso aproximado entre los creadores de los modelos económicos en cuanto al precio de la actuación. Esa opinión general puede resumirse de la manera siguiente: limitar las emisiones frenará el crecimiento económico, pero no demasiado. La Oficina Presupuestaria del Congreso, basándose en un estudio de modelos, ha llegado a la conclusión de que la ley Waxman-Markey "reduciría la tasa media anual de crecimiento prevista del producto interior bruto entre 2010 y 2050 entre 0,03 y 0,09 puntos porcentuales". Es decir, en el peor de los casos, reduciría el crecimiento anual medio del 2,4% al 2,31%. Básicamente, la Oficina Presupuestaria llega a la conclusión de que unas medidas fuertes para abordar el cambio climático harían que la economía estadounidense fuese entre un 1,1% y un 3,4% más pequeña en 2050 de lo que lo sería sin ellas.
¿Y qué hay de la economía mundial? En general, los creadores de los modelos tienden a calcular que las políticas sobre cambio climático reducirían la producción mundial en un porcentaje algo menor que el correspondiente a Estados Unidos. El principal motivo es que las economías incipientes como China usan actualmente la energía de un modo bastante ineficiente, en parte como consecuencia de unas políticas nacionales que han mantenido los precios de los combustibles fósiles muy bajos, y por tanto podrían conseguir un gran ahorro energético a un precio módico. Una revisión reciente de los cálculos disponibles establece el coste de una política climática muy estricta -considerablemente más agresiva que la contemplada en las propuestas legislativas actuales- en un valor situado entre el 1% y el 3% del PIB.
Esas cifras suelen provenir de un modelo que combina todo tipo de cálculos procedentes de la ingeniería y del mercado. Entre ellos están, por ejemplo, los cálculos óptimos de los ingenieros sobre cuánto cuesta generar electricidad de distintas formas, a partir del carbón, el gas, la energía nuclear y la solar, con unos precios determinados de los recursos. A continuación se hacen cálculos, basados en la experiencia histórica, sobre cuánto recortarían los consumidores su consumo de electricidad si su precio subiese. El mismo proceso se sigue con otras fuentes de energía, como el carburante. Y el modelo supone que todo el mundo opta por la mejor alternativa en función del contexto económico; que los generadores de energía eligen las formas menos caras de producir electricidad, mientras que los consumidores conservan la energía siempre que el dinero que ahorren al comprar menos electricidad supere el coste de usar menos electricidad en forma de otro gasto o de pérdida de comodidad. Después de todos estos análisis, resulta posible predecir cómo los productores y los consumidores de energía reaccionarán ante políticas que les pongan un precio a las emisiones, y qué coste final tendrán esas reacciones para la economía en su conjunto.
Naturalmente, hay casos en los que esta clase de modelo podría equivocarse. Muchos de los cálculos subyacentes son necesariamente especulativos hasta cierto punto; por ejemplo, nadie sabe realmente lo que costará la energía solar una vez que finalmente se convierta en una opción a gran escala. También hay motivos para dudar de la suposición de que la gente realmente toma las decisiones correctas: muchos estudios han descubierto que los consumidores no eran capaces de tomar medidas para ahorrar energía, como mejorar el aislamiento, aun cuando podrían ahorrar dinero si lo hicieran.
Pero, aunque sea improbable que estos modelos acierten en todo, está bien que, en vez de infravalorarlos, exageren los costes económicos de las medidas para abordar el cambio climático. Eso es lo que la experiencia del programa de tope y trueque para la lluvia ácida indica: los costes resultaron estar bastante por debajo de las predicciones iniciales. Y en general, lo que los modelos no tienen ni pueden tener en cuenta es la creatividad; sin duda, frente a una economía en la que hay grandes recompensas monetarias por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector privado encontrará formas de limitar las emisiones que todavía no están en ningún modelo.
Sin embargo, lo que oímos decir a los conservadores que se oponen a la política sobre cambio climático es que cualquier intento de limitar las emisiones sería económicamente devastador. La Fundación Heritage, por ejemplo, respondió a los cálculos de la Oficina Presupuestaria sobre la ley Waxman-Markey con un largo texto titulado "La OPC subestima enormemente los costes del sistema de tope y trueque". Los efectos reales, según la fundación, serían ruinosos para las familias y la creación de empleo.
Esta reacción -este pesimismo exagerado respecto a la capacidad de la economía para sobrellevar el tope y trueque- choca frontalmente con la retórica conservadora. Al fin y al cabo, los conservadores modernos dan muestras de una profunda y casi mística confianza en la efectividad de los incentivos mercantiles (a Ronald Reagan le gustaba hablar de la "magia del mercado"). Creen que el sistema capitalista puede hacer frente a todo tipo de limitaciones, que la tecnología, por ejemplo, puede superar fácilmente cualquier restricción impuesta al crecimiento por las reservas limitadas de petróleo o de otros recursos naturales. Pero ahora afirman que este mismo sector privado es absolutamente incapaz de soportar una limitación de las emisiones generales, aun cuando dicho tope funcionaría, desde el punto de vista del sector privado, de forma muy similar al suministro de un recurso limitado, como la tierra. ¿Por qué no creen que el dinamismo del capitalismo le inducirá a encontrar modos de arreglárselas en un mundo de emisiones de carbono reducidas? ¿Por qué piensan que el mercado pierde su magia en cuanto se invocan los incentivos mercantiles en favor de la conservación?
Está claro que los conservadores abandonan toda su fe en la capacidad de los mercados para adaptarse a la política sobre cambio climático porque no quieren que el Gobierno intervenga. Su pesimismo declarado respecto al coste de la política climática es esencialmente una estratagema política más que una opinión económica razonada. Lo que los delata es la marcada tendencia que tienen los conservadores que se oponen al tope y trueque a argumentar de mala fe. El extenso documento de la Fundación Heritage acusa a la Oficina Presupuestaria del Congreso de cometer errores lógicos elementales, pero si uno lee de hecho el informe de la oficina, está claro que la fundación lo está malinterpretando intencionadamente. Los políticos conservadores han sido aún más descarados. El Comité Nacional Republicano del Congreso, por ejemplo, publicó varios comunicados de prensa citando específicamente un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT en sus siglas en inglés) como base para afirmar que el tope y trueque costaría 3.100 dólares a cada familia, a pesar de los repetidos intentos por parte de los autores del estudio de aclarar que la cifra real representaba aproximadamente sólo una cuarta parte de eso.
La verdad es que no hay investigaciones creíbles que indiquen que tomar medidas enérgicas contra el cambio climático esté fuera de las posibilidades de la economía. Incluso si uno no confía plenamente en los modelos -y no debería hacerlo-, la historia y la lógica indican que los modelos exageran, no subestiman, los costes de la actuación climática. Podemos permitirnos hacer algo respecto al cambio climático.
Pero eso no equivale a decir que debamos hacerlo. La actuación tendrá costes, y éstos deben compararse con los de la falta de actuación. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, permítanme tocar un tema que se volverá esencial si realmente ponemos en marcha la política climática: cómo lograr que el resto del mundo nos acompañe en el esfuerzo.
EL SÍNDROME DE CHINA
Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo, lo que convierte al país en una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero. Pero no es la mayor. China, que quema mucho más carbón por dólar del producto interior bruto que Estados Unidos, lo superó según ese criterio hace unos tres años. En general, los países desarrollados -el club de los ricos del que forman parte Europa, América del Norte y Japón- son responsables de solamente la mitad más o menos de las emisiones de efecto invernadero, y esa es una fracción que se reducirá con el paso del tiempo. En resumen, no puede haber una solución para el cambio climático a menos que el resto del mundo, y las economías incipientes en particular, participen de forma importante.
Invariablemente, quienes se resisten a hacer frente al cambio climático señalan la naturaleza mundial de las emisiones como motivo para no actuar. Limitar las emisiones de Estados Unidos no servirá de mucho, sostienen, si China y otros no nos acompañan en el esfuerzo. Y subrayan la obstinación de China en las negociaciones de Copenhague como prueba de que otros países no cooperarán. De hecho, las economías incipientes consideran que tienen derecho a emitir libremente sin preocuparse por las consecuencias (eso es lo que los países que hoy son ricos pudieron hacer durante siglos). No es posible conseguir una cooperación mundial en relación con el cambio climático, prosigue el argumento, y eso significa que no tiene sentido tomar ninguna medida en absoluto.
Para quienes piensan que tomar medidas es esencial, la pregunta correcta es cómo convencer a China y a otros países emergentes de que participen en la limitación de las emisiones. Las zanahorias, o incentivos positivos, son una respuesta. Imaginen que se establecen sistemas de tope y trueque en China y Estados Unidos (pero permitiendo el trueque internacional de los permisos, de manera que las empresas chinas y estadounidenses puedan comprar y vender los derechos de emisiones). Al establecer topes generales a niveles pensados para garantizar que China nos venda un número considerable de permisos, estaríamos de hecho pagando a China para que recortase sus emisiones. Dado que las pruebas indican que el coste de recortar las emisiones sería más bajo en China que en Estados Unidos, esto podría ser un trato ventajoso para todos.
¿Pero qué pasa si los chinos (o los indios, o los brasileños, etcétera) no quieren participar en dicho sistema? Entonces hacen falta tanto varas como zanahorias. En concreto, hacen falta aranceles sobre el carbono.
Un arancel sobre el carbono sería un impuesto sobre los productos importados proporcional al carbón emitido al fabricar dichos productos. Supongamos que China se niega a reducir las emisiones, mientras que Estados Unidos adopta unas políticas que establecen un precio de 100 dólares por cada tonelada de emisiones de carbono. Si Estados Unidos impusiese ese arancel sobre el carbono, cualquier envío de productos chinos a Estados Unidos cuya producción conllevase la emisión de una tonelada de carbono estaría gravado con un impuesto de 100 dólares que se añadirían a cualquier otro impuesto. Esos aranceles, si fuesen impuestos por los actores más importantes -probablemente Estados Unidos y la Unión Europea-, ofrecerían a los países que no cooperan un incentivo considerable para que se replanteasen su postura.
A la objeción de que una política así sería proteccionista, una violación de los principios del libre comercio, una posible respuesta es: ¿y qué? Mantener los mercados mundiales abiertos es importante, pero evitar una catástrofe planetaria es mucho más importante. Sin embargo, se puede argumentar de todos modos que los aranceles sobre el carbono entran dentro de las normas de las relaciones comerciales normales. Siempre que el arancel impuesto al contenido de carbono de las importaciones sea comparable al precio de los permisos de carbono nacionales, la consecuencia es cobrar a los consumidores un coste que refleja el carbono emitido en lo que compran, independientemente de dónde se fabrique. Eso debería ser legal según las normas del comercio internacional. De hecho, hasta la Organización Mundial del Comercio, que se encarga de supervisar las políticas comerciales, ha publicado un estudio que indica que los aranceles sobre el carbono serían aceptables.
Huelga decir que las negociaciones reales para lograr que se coopere y se actúe a escala mundial contra el cambio climático serían mucho más complejas y tendenciosas de lo que esta exposición da a entender. Pero el problema no es tan inabordable como se suele afirmar. Si Estados Unidos y Europa decidiesen tomar medidas sobre política climática, casi seguro que serían capaces de engatusar y presionar al resto del mundo para que se una al esfuerzo. Podemos hacerlo.
EL PRECIO DE LA FALTA DE ACTUACIÓN
En los debates públicos, los escépticos del cambio climático han ganado terreno claramente durante los dos últimos años, aun cuando últimamente se ha visto que es probable que 2010 sea el año más caluroso de los registrados. Pero los propios creadores de los modelos climáticos se sienten cada vez más pesimistas. Lo que antes eran las peores situaciones posibles se han convertido en previsiones de partida, y algunas organizaciones han duplicado sus predicciones sobre el aumento de la temperatura en el transcurso del siglo XXI. Tras este nuevo pesimismo se oculta una preocupación cada vez mayor por los efectos de acoplamiento (por ejemplo, la liberación de metano, un importante gas de efecto invernadero, desde los lechos marinos y la tundra, a medida que el planeta se calienta).
En estos momentos, las previsiones sobre el cambio climático, suponiendo que sigamos como hasta ahora, se agrupan en torno al cálculo de que en 2100 las temperaturas medias serán unos cinco grados centígrados más altas de lo que lo eran en 2000. Eso es mucho (equivale a la diferencia de las temperaturas medias de Nueva York y el centro del Estado de Misisipi). Un cambio tan grande sería enormemente perjudicial. Y los problemas no terminarían aquí: las temperaturas seguirían subiendo.
Además, los cambios en la temperatura media no serán ni mucho menos la única alteración. Los patrones de precipitación cambiarán, y algunas regiones se volverán mucho más húmedas, y otras, mucho más secas. Muchos creadores de modelos también predicen tormentas más intensas. El nivel de los océanos subirá, y el impacto se verá intensificado por esas tormentas: la inundación costera, que ya es una fuente importante de desastres naturales, se volvería mucho más frecuente y grave. Y podría haber cambios drásticos en el clima de algunas regiones a medida que las corrientes oceánicas se modifiquen. Siempre merece la pena tener en cuenta que Londres tiene la misma latitud que Labrador; sin la corriente del Golfo, Europa Occidental apenas sería habitable.
Aunque un clima más cálido podría tener algunas ventajas, parece casi seguro que un trastorno de esta magnitud haría que Estados Unidos, y el mundo en su conjunto, fuese más pobre de lo que lo sería en otras circunstancias. ¿Cuánto más pobre? Si la nuestra fuese una sociedad preindustrial y principalmente agrícola, el cambio climático radical sería evidentemente catastrófico. Pero tenemos una economía avanzada, del tipo que históricamente ha demostrado tener gran capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Si esto suena parecido a mi argumento sobre que los costes de los límites de las emisiones serían soportables, así debe ser: la misma flexibilidad que debería permitirnos soportar unos precios del carbono mucho más altos también debería ayudarnos a hacer frente a una temperatura media algo más alta.
Pero hay al menos dos motivos para tomarse con precaución las valoraciones positivas de las consecuencias del cambio climático. Uno es que, como acabo de señalar, no se trata sólo de tener un clima más cálido: muchos de los costes del cambio climático es probable que se deban a las sequías, las inundaciones y las tormentas fuertes. El otro es que, mientras que las economías modernas pueden ser enormemente adaptables, a los ecosistemas puede que no les suceda lo mismo. La última vez que la Tierra experimentó un calentamiento cuyo ritmo era similar al que ahora esperamos fue durante el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, hace unos 55 millones de años, cuando las temperaturas aumentaron unos seis grados centígrados en el transcurso de unos 20.000 años (lo cual es un ritmo mucho más lento que el del calentamiento actual). Esa subida estuvo unida a extinciones masivas, lo cual, por decirlo suavemente, probablemente no sería bueno para el nivel de vida.
De modo que, ¿cómo podemos ponerle un precio a los efectos del calentamiento global? Los cálculos más citados, como los del Modelo Dinámico Integrado de Clima y Economía, conocido como DICE por sus siglas en inglés y empleado por William Nordhaus, de Yale, y sus compañeros, dependen de unas elaboradas conjeturas para atribuir un valor a los efectos negativos del calentamiento global para algunos sectores cruciales, especialmente la agricultura y la protección costera, y luego tratar de dejar cierto margen para otras posibles repercusiones. Nordhaus ha sostenido que un aumento de la temperatura mundial de 2,5 grados centígrados -que era antes la previsión aceptada para 2100- reduciría el producto mundial bruto en algo menos del 2%. ¿Pero qué pasaría si, como indica un número cada vez mayor de modelos, el aumento real de la temperatura fuese el doble? Nadie sabe realmente cómo hacer esa extrapolación. Acierte o no, el modelo de Nordhaus calcula que las pérdidas debidas a un aumento de cinco grados serían de alrededor del 5% del producto bruto mundial. Sin embargo, muchos críticos han sostenido que el coste sería mucho más alto.
A pesar de la incertidumbre, resulta tentador hacer una comparación directa entre las pérdidas calculadas y los cálculos de lo que costarían las políticas climáticas: el cambio climático reducirá el producto mundial bruto en un 5%; detenerlo costará el 2%, así que, adelante. Desgraciadamente, los cálculos no son tan sencillos por al menos cuatro motivos.
Primero, ya se está cociendo un considerable calentamiento global como consecuencia de las emisiones del pasado y porque, incluso con unas medidas fuertes contra el cambio climático, lo más probable es que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera siga aumentando durante muchos años. Por tanto, incluso si los países de todo el mundo consiguen frenar el cambio climático, seguiremos teniendo que pagar por nuestra falta de actuación inicial. Como consecuencia, los cálculos de las pérdidas de Nordhaus pueden superar a los beneficios de la actuación.
Segundo, los costes económicos de los límites de las emisiones empezarían a producirse en cuanto la política entrase en vigor y, según la mayoría de las propuestas, serían considerables dentro de unos 20 años. Por otra parte, si no actuamos, los grandes costes probablemente llegarían a finales de este siglo (aunque algunas cosas, como la transformación del suroeste de Estados Unidos en una zona desértica, podrían llegar mucho antes). Así que la forma de comparar esos costes depende de cómo se valoren los costes en el futuro lejano en relación con los costes que se presentarán mucho antes.
Tercero, y yendo en dirección contraria, si no tomamos medidas, el calentamiento global no se detendrá en 2100: las temperaturas, y las pérdidas, seguirán aumentando. De modo que si uno le da importancia al futuro muy, muy lejano, las razones para actuar son más sólidas de lo que incluso los cálculos para 2100 dan a entender.
Por último, está el importantísimo problema de la incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta la magnitud del cambio climático, lo cual es inevitable, porque hablamos de alcanzar niveles de dióxido de carbono en la atmósfera que no se han visto en millones de años. La reciente duplicación de las cifras previstas para 2100 por muchos modelos es en sí misma una muestra del alcance de esa incertidumbre; quién sabe qué revisiones podrían producirse en los próximos años. Aparte de eso, nadie sabe realmente cuánto daño causaría un aumento de las temperaturas del calibre que ahora se considera probable.
Podrían pensar que esta incertidumbre debilita el argumento en favor de la actuación, pero en realidad lo refuerza. Como ha sostenido Martin Weitzman, de Harvard, en varios artículos influyentes, si hay una posibilidad significativa de que se produzca una catástrofe absoluta, esa posibilidad -más que la cuestión de qué es más probable que suceda- debería dominar los cálculos de los costes frente a los beneficios. Y la de la catástrofe absoluta sí que parece una posibilidad realista, aun cuando no sea el resultado más probable.
Weitzman sostiene -y yo estoy de acuerdo- que este riesgo de una catástrofe, más que los detalles de los cálculos de los costes frente a los beneficios, es el argumento más poderoso a favor de una política climática rigurosa. Las previsiones actuales sobre el calentamiento global en ausencia de medidas para combatirlo están demasiado cerca de las clases de cifras que se asocian a las peores de las perspectivas. Sería irresponsable -resulta tentador decir que criminalmente irresponsable- no alejarse de lo que muy fácilmente podría resultar ser el borde de un precipicio.
Aun así, eso abre un gran debate sobre la velocidad de las actuaciones.
LA RAMPA CONTRA EL 'BIG BANG'
Los economistas que analizan las políticas climáticas coinciden en algunos puntos clave. Hay un amplio consenso en cuanto a que tenemos que poner precio a las emisiones de carbono, y que este precio debe terminar siendo muy alto, pero que los efectos económicos negativos de esta política tendrán una magnitud abarcable. En otras palabras, podemos y debemos actuar para limitar el cambio climático. Pero hay un debate encarnizado entre los analistas expertos respecto al ritmo, la rapidez con que los precios del carbono deben subir hasta niveles significativos.
Por una parte están los economistas que llevan muchos años trabajando en los llamados modelos de evaluación integrada, que combinan modelos de cambio climático con modelos que describen tanto el daño debido al calentamiento global como los costes debidos al recorte de las emisiones. En su mayor parte, el mensaje de estos economistas es una especie de versión para el cambio climático de la famosa plegaria de san Agustín: "Dame castidad y continencia, pero no ahora". Así, el modelo DICE de Nordhaus afirma que el precio de las emisiones de carbono subirá finalmente hasta más de 200 dólares por tonelada, en la práctica más del cuádruple del coste del carbón, pero que la mayor parte de ese aumento debería llegar a finales de este siglo, y que la mucho más modesta tasa inicial debería ser de 30 dólares por tonelada. Nordhaus llama "rampa de la política climática" a esta recomendación de una política que se intensifica poco a poco durante un largo periodo.
Por otra parte, hay algunos más recientemente llegados al campo que trabajan con modelos similares, pero que llegan a conclusiones diferentes. El más conocido, Nicholas Stern, un economista de la London School of Economics, defendía en 2006 una actuación rápida y agresiva para limitar las emisiones, lo que muy probablemente conllevaría unos precios del carbono mucho más altos. Esta postura alternativa no parece tener un nombre consensuado, así que permítanme llamarla "big bang de la política climática".
Me resulta más fácil encontrarles el sentido a los argumentos si pienso en las políticas para reducir las emisiones de carbono como en una especie de proyecto de inversión pública: uno paga un precio ahora y obtiene unos beneficios en forma de un planeta menos dañado más tarde. Y cuando digo más tarde, me refiero a mucho más tarde; las emisiones de hoy influirán sobre la cantidad de carbono en la atmósfera durante décadas y posiblemente siglos futuros. Así que si quieren evaluar si merece la pena hacer una inversión determinada en la reducción de las emisiones tienen que calcular el daño que hará una tonelada adicional de carbono en la atmósfera no sólo este año, sino dentro de un siglo o más; y también tienen que decidir cuánta importancia le atribuyen a un daño que tardará mucho tiempo en materializarse.
Los defensores de la política rampa sostienen que el daño hecho por una tonelada adicional de carbono en la atmósfera es bastante bajo con las concentraciones actuales; el coste no será realmente grande hasta que haya mucho más dióxido de carbono en el aire, y eso no sucederá hasta finales de este siglo. Y sostienen que unos costes tan lejanos en el tiempo no deberían tener una gran influencia sobre la política actual. Señalan los tipos de rendimiento del mercado, que indican que los inversores dan poca importancia a los beneficios o pérdidas que experimentarán en un futuro lejano, y argumentan que las políticas oficiales, incluidas las políticas climáticas, deberían hacer lo mismo.
Los defensores del big bang sostienen que el Gobierno debería tener mucha más perspectiva que los inversores privados. Stern, concretamente, defiende que los responsables políticos deberían dar la misma importancia al bienestar de las generaciones futuras que al de las actuales. Además, los defensores de la acción rápida sostienen que el daño debido a las emisiones podría ser mucho mayor de lo que indican los análisis de la política rampa, ya sea porque las temperaturas globales son más sensibles a las emisiones de efecto invernadero de lo que se creía, o porque el daño económico debido a una gran subida de las temperaturas es mucho mayor de lo que afirman los cálculos aproximados de los modelos rampa.
Como economista profesional, este debate me resulta doloroso. Hay personas inteligentes y bienintencionadas en ambos lados -algunos de ellos, como suele ocurrir, viejos amigos y mentores míos-, y ambos lados se han apuntado algunos tantos importantes. Desgraciadamente, no podemos declarar un empate honorable, porque hay que tomar una decisión.
Personalmente, me inclino por la opinión del big bang. El argumento moral de Stern a favor de amar a las generaciones no nacidas igual que nos amamos a nosotros mismos puede resultar demasiado fuerte, pero se puede argumentar convincentemente que la política pública debe tener una perspectiva mucho más amplia que la de los mercados privados. Y lo que es más importante, las recomendaciones de la política rampa se parecen demasiado a la realización de un experimento muy arriesgado con el planeta entero. La política preferida por Nordhaus, por ejemplo, estabilizaría la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a un nivel que es aproximadamente el doble de la media preindustrial. Según su modelo, esto sólo tendría unas consecuencias moderadas para el bienestar mundial; ¿pero hasta qué punto podemos confiar en esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que esta clase de cambios en el medio ambiente no conduciría a una catástrofe? No lo bastante seguros, diría yo, especialmente porque, como he señalado antes, los creadores de modelos climáticos han elevado radicalmente sus cifras aproximadas de calentamiento futuro en tan sólo los dos últimos años.
Así que, básicamente, me quedo con el argumento de Martin Weitzman: la probabilidad no insignificante de un desastre absoluto es la que debe dominar nuestro análisis político. Y eso es un argumento a favor de las medidas agresivas para frenar las emisiones ya.
LA ATMÓSFERA POLÍTICA
Como he mencionado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya ha aprobado el proyecto de ley Waxman-Markey, una legislación bastante sólida destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No es tan radical como lo que proponen los defensores del big bang, pero sus medidas parecen más rápidas que las propuestas por la política rampa. Pero la votación de la ley Waxman-Markey que se celebró el pasado junio puso de manifiesto la clara división que existe en el Congreso. Tan sólo 8 republicanos votaron a favor, mientras que 44 demócratas votaron en contra. Y todo indica que no se aprobaría si tuviese que ser sometido a votación hoy.
Las perspectivas en el Senado, donde hacen falta 60 votos para que se aprueben la mayoría de las leyes, son aún peores. Algunos senadores demócratas, representantes de Estados agrícolas y productores de energía, han hecho declaraciones en contra del sistema de tope y trueque (la agricultura estadounidense moderna es una gran consumidora de energía). En el pasado, algunos senadores republicanos han apoyado el tope y trueque. Pero con el partidismo en auge, la mayoría de ellos ha cambiado de tono. El cambio de actitud más sorprendente ha sido el de John McCain, que tuvo un papel protagonista en la promoción del tope y trueque y presentó un proyecto de ley similar al de Waxman-Markey en 2003. Hoy, McCain desprecia la idea en sí llamándola "tope e impuesto", para consternación de sus ex ayudantes.
Ah, y un invierno muy nevado en la Costa Este de Estados Unidos les ha brindado a los escépticos del cambio climático una buena oportunidad, aun cuando a escala mundial éste ha sido uno de los inviernos más cálidos que se han registrado.
Por tanto, las perspectivas inmediatas de las actuaciones climáticas no parecen prometedoras, a pesar del esfuerzo constante de tres senadores -Kerry, Lieberman y Graham- por presentar una propuesta negociada. (Tienen previsto presentar una ley a finales de este mes). Pero el problema no va a desaparecer. Es bastante probable que las temperaturas récord que el mundo situado fuera de Washington ha conocido en lo que llevamos de año continúen, lo que privaría a los escépticos de uno de sus principales argumentos. Y en un sentido más general, dados los vaivenes de la política estadounidense en los últimos años -desde 2005, la creencia generalizada ha pasado del dominio republicano permanente al dominio demócrata permanente y a Dios sabe qué-, tiene que haber una posibilidad real de que renazca el apoyo político a la actuación contra el cambio climático.
Si lo hace, el análisis económico estará preparado. Sabemos cómo limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos un buen conocimiento de los costes, y son asumibles. Todo lo que necesitamos ahora es la voluntad política. -
© EDICIONES EL PAÍS S.L.
PAUL KRUGMAN 25/04/2010
Si escuchan a los climatólogos -y a pesar de la implacable campaña para desacreditar su trabajo, deberían escucharlos-, hace ya mucho que habría que haber hecho algo respecto a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Aseguran que, si seguimos como hasta ahora, nos enfrentamos a una subida de las temperaturas mundiales que será poco menos que apocalíptica. Y para evitar ese Apocalipsis tenemos que acostumbrar a la economía a dejar de usar combustibles fósiles, sobre todo carbón.
¿Pero es posible realizar recortes drásticos en las emisiones de gases de efecto invernadero sin destruir la economía? Al igual que el debate sobre el cambio climático, el debate sobre la economía climática tiene un aspecto muy distinto visto desde dentro, en comparación con el aspecto que suele tener en los medios de comunicación populares. El lector ocasional podría tener la impresión de que hay dudas reales sobre si las emisiones pueden reducirse sin infligir un daño grave a la economía. De hecho, una vez que uno filtra las interferencias generadas por los grupos de presión, descubre que los economistas medioambientales en general coinciden en que con un programa basado en el mercado para hacer frente a la amenaza del cambio climático -uno que limite las emisiones poniéndoles un precio- se pueden obtener grandes resultados con un coste módico, aunque no despreciable. Sin embargo, hay mucho menos consenso en cuanto a la rapidez con la que deberíamos actuar, si los esfuerzos de conservación importantes deben ponerse en marcha casi de inmediato o intensificarse gradualmente a lo largo de muchas décadas.
En los párrafos siguientes presentaré un breve informe sobre la economía del cambio climático, o más exactamente, la economía de la reducción del cambio climático. Trataré de exponer los asuntos sobre los que hay un acuerdo amplio, así como aquellos que siguen siendo objeto de importantes disputas. Pero primero, una introducción a la economía básica de la protección medioambiental.
ECONOMÍA MEDIOAMBIENTAL 101
Si hay una única verdad fundamental en la economía, es esta: las transacciones entre personas mayores de edad generan beneficios mutuos. Si el precio consensuado de un artilugio es de 10 dólares y compro uno, debe de ser porque ese artilugio vale más de 10 dólares para mí. Si uno vende un artilugio a ese precio, debe de ser porque fabricarlo le cuesta menos de 10 dólares. Por tanto, comprar y vender en el mercado de los artilugios redunda en beneficio tanto de los compradores como de los vendedores. Es más, un análisis pormenorizado demuestra que si hay una competencia real en el mercado de los artilugios, de tal modo que el precio termine por hacer coincidir el número de artilugios que la gente quiere comprar con el de artilugios que otra gente quiere vender, la consecuencia es que los beneficios de productores y consumidores se maximizan. Los mercados libres son eficientes (lo que en jerga económica, al contrario que en el lenguaje coloquial, significa que nadie puede mejorar su situación sin empeorar la situación de otro).
Pero la eficiencia no lo es todo. En concreto, no hay razón para suponer que los mercados libres generarán un resultado que consideraremos justo o equitativo. De modo que el argumento de la eficiencia del mercado no dice nada sobre si deberíamos tener, por ejemplo, alguna forma de seguro sanitario garantizado, ayuda a los pobres y demás. Pero la lógica de la economía básica dice que deberíamos tratar de alcanzar objetivos sociales mediante intervenciones posmercado. Es decir, deberíamos dejar que los mercados cumplan su función, haciendo un uso eficiente de los recursos del país, y luego emplear los impuestos y las transferencias para ayudar a aquellos a quienes el mercado pasa por alto.
Pero, ¿y si un acuerdo entre personas mayores de edad supone un coste para personas que no forman parte del intercambio? ¿Qué pasa si alguien fabrica un artilugio y yo lo compro, con beneficios para ambos, pero el proceso de producir ese artilugio conlleva verter residuos tóxicos en el agua potable de otras personas? Cuando hay "efectos externos negativos" -costes que los agentes económicos imponen a otros sin pagar un precio por sus acciones- se esfuma cualquier suposición de que la economía de mercado, si se la deja a su aire, hará lo que debe. Entonces, ¿qué hacemos? La economía medioambiental trata de dar respuesta a esa pregunta.
Un modo de hacer frente a los efectos externos negativos es dictar normas que prohíban o al menos limiten los comportamientos que impongan costes especialmente altos a otros. Eso es lo que hicimos durante la primera gran oleada de legislación medioambiental a principios de los años setenta: se exigió que los coches cumpliesen unas normas sobre las emisiones de los compuestos que provocan la niebla tóxica, se exigió a las fábricas que limitasen el volumen de residuos que vertían a los ríos, y así sucesivamente. Y ese método dio sus frutos; el aire y el agua de Estados Unidos se volvieron mucho más limpios durante las décadas siguientes.
Pero aunque la regulación directa de las actividades contaminantes tiene sentido en algunos casos, es enormemente defectuosa en otros, porque no deja ningún margen para la flexibilidad o la creatividad. Pensemos en el mayor problema medioambiental de los años ochenta: la lluvia ácida. Resultó que las emisiones de dióxido de azufre de las centrales eléctricas tendían a combinarse con el agua siguiendo la dirección del viento y a generar ácido sulfúrico, que destruía la flora (y la fauna). En 1977, el Gobierno hizo su primer intento de abordar el problema y recomendó que todas las centrales nuevas alimentadas con carbón tuviesen depuradoras que eliminasen el dióxido de azufre de sus emisiones. Imponer una norma estricta a todas las centrales era problemático, porque modernizar algunas centrales más antiguas habría resultado extremadamente caro. Sin embargo, al regular únicamente las centrales nuevas, el Gobierno desaprovechó la oportunidad de lograr un control de la contaminación bastante barato en centrales que eran, de hecho, fáciles de modernizar. Salvo mediante una adquisición federal de facto del sector eléctrico, con funcionarios federales dictando instrucciones específicas para cada central, ¿cómo podía resolverse este dilema?
Entra en escena Arthur Cecil Pigou, un catedrático británico de principios del siglo XX cuyo libro de 1920, The economics of welfare (La economía del bienestar), suele considerarse la base de la economía medioambiental.
Aunque en cierto modo resulte sorprendente, teniendo en cuenta su actual condición de padrino de la ciencia medioambiental altamente desarrollada desde un punto de vista económico, Pigou no hizo verdaderamente hincapié en el problema de la contaminación. Más que centrarse en, por ejemplo, la famosa niebla de Londres (en realidad, niebla tóxica acre, provocada por millones de fuegos de carbón), abría su disertación con un ejemplo que debió de parecer cursi incluso en 1920, un caso hipotético en el que "las actividades de conservación de la caza menor de un ocupante conllevan la invasión de las tierras de un ocupante vecino por los conejos". Pero da igual. Lo que Pigou enunciaba era un principio: las actividades económicas que imponen costes no recíprocos a otras personas no siempre deben prohibirse, pero deben desaconsejarse. Y la forma correcta de frenar una actividad, en la mayoría de los casos, es ponerle un precio. Por eso, Pigou proponía que las personas que generan efectos externos negativos pagasen una cuota que reflejara los costes que imponen a otros (lo que ha llegado a conocerse como impuesto pigouviano). La versión más simple del impuesto pigouviano es una cuota sobre las aguas residuales: cualquiera que vierta contaminantes en un río, o los libere en el aire, debe pagar una suma proporcional a la cantidad vertida.
El análisis de Pigou quedó en gran parte olvidado durante casi un siglo, mientras los economistas dedicaban su tiempo a luchar contra problemas que parecían más acuciantes, como la Gran Depresión. Pero con el auge de la normativa medioambiental, los economistas desempolvaron a Pigou y empezaron a defender un planteamiento "basado en el mercado" que ofreciese al sector privado incentivos, por medio de los precios, para limitar la contaminación, en lugar de un remedio a base de "órdenes y control" que dictase instrucciones específicas en forma de normas.
La reacción inicial de muchos activistas medioambientales ante esta idea fue hostil, en gran parte por razones morales. Les parecía que la contaminación debía tratarse como un crimen, más que como algo que uno tiene derecho a hacer siempre que pague el dinero suficiente. Conflictos morales aparte, también había un escepticismo considerable en cuanto a si los incentivos mercantiles serían realmente eficaces para reducir la contaminación. Incluso, hoy, los impuestos pigouvianos tal como se idearon originalmente son relativamente raros. El ejemplo más provechoso que he podido encontrar es un impuesto holandés sobre los vertidos de agua que contienen materia orgánica.
La idea que sí ha cuajado, en cambio, es una variante que la mayoría de los economistas consideran más o menos equivalente: un sistema de permisos de emisiones comercializables, también conocido como tope y trueque. Según este modelo, se concede un número limitado de permisos para emitir un contaminante específico como el dióxido de azufre. Una empresa que quiera generar más contaminación de la que se le permite puede ir y comprar permisos adicionales de otras partes; una compañía que tenga más permisos de los que tiene intención de usar puede vender los que le sobran. Esto proporciona a todo el mundo un incentivo para reducir la contaminación, porque los compradores no tienen que adquirir tantos permisos si pueden recortar sus emisiones, y los vendedores pueden deshacerse de más permisos si hacen lo mismo. De hecho, desde un punto de vista económico, un sistema de tope y trueque produce los mismos incentivos para reducir la contaminación que un impuesto pigouviano, ya que, efectivamente, el precio de los permisos hace las veces de un impuesto sobre la contaminación.
En la práctica hay un par de diferencias importantes entre el tope y trueque y un impuesto sobre la contaminación. Una es que los dos sistemas generan tipos distintos de incertidumbre. Si el Gobierno establece un impuesto sobre la contaminación, los contaminadores saben qué precio tendrán que pagar, pero el Gobierno no sabe cuánta contaminación generarán. Si el Gobierno impone un tope, conoce la cantidad de contaminación, pero los contaminadores no saben cuál será el precio de las emisiones. Otra diferencia importante tiene que ver con los ingresos del Gobierno. Un impuesto sobre la contaminación es, bueno, un impuesto, el cual supone un coste para el sector privado mientras que genera ingresos para el Gobierno. El sistema de tope y trueque es un poco más complicado. Si el Gobierno se limita a emitir los permisos y recaudar los ingresos, entonces es exactamente igual que un impuesto. Sin embargo, el tope y trueque suele conllevar un intercambio de permisos entre los agentes existentes, por lo que los posibles ingresos van a parar a la industria en lugar de al Gobierno.
Desde el punto de vista político, repartir permisos entre la industria no es del todo malo, porque brinda un modo de compensar parcialmente a algunos de los grupos cuyos intereses sufrirían si se adoptase una política dura contra el cambio climático. Esto puede servir para que aprobar las leyes sea más factible.
Estas reflexiones políticas probablemente expliquen por qué la solución al dilema de la lluvia ácida adoptó la forma del tope y trueque y por qué los permisos para contaminar se distribuyeron gratuitamente entre las empresas eléctricas. También merece la pena señalar que el proyecto de ley Waxman-Markey, un sistema de tope y trueque para los gases de efecto invernadero que empieza concediendo muchos permisos al sector, pero saca a subasta un número creciente durante los años siguientes, fue de hecho aprobado por la Cámara de Representantes el año pasado; es difícil imaginar un impuesto generalizado sobre las emisiones que haga lo mismo durante muchos años.
Eso no significa que los impuestos sobre las emisiones no tengan ninguna posibilidad de éxito. Hace poco, algunos senadores han presentado una propuesta con una especie de solución híbrida, con tope y trueque para algunos sectores de la economía e impuestos sobre el carbono para otros (principalmente, el petróleo y el gas). La lógica política parece ser la de que el sector del petróleo piensa que los consumidores no le culparán por la subida de los precios si dichos precios reflejan un impuesto concreto.
En cualquier caso, la experiencia indica que el control de las emisiones basado en el mercado funciona. Nuestra historia reciente en relación con la lluvia ácida demuestra lo mismo. La Ley del Aire Limpio de 1990 introdujo un sistema de tope y trueque por el que las centrales eléctricas podían comprar y vender el derecho a emitir dióxido de azufre, y dejaba en manos de las empresas individuales la gestión de su actividad dentro de los nuevos límites. Como cabía esperar, con el paso del tiempo, las emisiones de dióxido de azufre de las centrales eléctricas se redujeron a casi la mitad, a un coste mucho más bajo de lo que incluso los optimistas esperaban; los precios de la electricidad bajaron en vez de subir. El problema de la lluvia ácida no desapareció, pero se redujo considerablemente. Se podría pensar que los resultados demostraban que podemos hacer frente a los problemas medioambientales cuando nos vemos obligados a hacerlo.
De modo que ahí lo tenemos, ¿no? La emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero es un efecto externo negativo típico (el "mayor fallo del mercado que el mundo ha conocido jamás", en palabras de Nicholas Stern, autor de un informe sobre el tema para el Gobierno británico). La economía de los libros de texto y la experiencia del mundo real nos dicen que deberíamos tener políticas que desincentiven las actividades que generan efectos externos negativos y que, por lo general, es mejor depender de un enfoque basado en el mercado.
¿CLIMA DE DUDA?
Éste es un artículo sobre la economía del clima, no sobre la climatología. Pero antes de abordar la economía merece la pena aclarar tres cosas en relación con la situación del debate científico.
La primera es que, sin duda, el planeta se está calentando. La temperatura fluctúa y, en consecuencia, es bastante fácil encontrar un año inusualmente cálido en el pasado reciente, notar que ahora hace más frío y afirmar: "¡Ven, el planeta se está enfriando, no calentando!". Pero si se observan las pruebas como es debido -teniendo en cuenta las medias a lo largo de periodos lo bastante prolongados como para anular las fluctuaciones-, la tendencia ascendente es inequívoca: cada década sucesiva desde la de los setenta ha sido más cálida que la anterior.
En segundo lugar, los modelos climáticos predijeron esto con mucha antelación, e incluso adivinaron la magnitud del aumento de las temperaturas con bastante aproximación. Mientras que es relativamente fácil idear un análisis que haga coincidir datos conocidos, es mucho más complicado crear un modelo que prediga el futuro con exactitud. Así que el hecho de que los creadores de los modelos predijesen correctamente hace más de 20 años el calentamiento mundial futuro les da una enorme credibilidad.
Pero esa no es la conclusión que se podría extraer de los muchos informes de los medios de comunicación que se han centrado en asuntos como los mensajes de correo electrónico pirateados y los científicos que hablan de "hacer trampa" para "ocultar" una caída anómala en una serie de datos o expresan el deseo de que los artículos de los escépticos del cambio climático queden excluidos de las revisiones de investigación. La verdad, sin embargo, es que los supuestos escándalos se esfuman al analizarlos más de cerca, y solamente revelan que quienes investigan el clima también son seres humanos. Sí, los científicos procuran que sus resultados destaquen, pero no se ha suprimido ningún dato. Sí, a los científicos no les gusta que se publiquen trabajos que, en su opinión, crean deliberadamente confusión respecto a los problemas. ¿Qué tiene de extraño? No hay nada que dé a entender que no se deba seguir apoyando firmemente la investigación sobre el clima.
Y esto me lleva al tercer punto: los modelos basados en esta investigación indican que si seguimos añadiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera como hasta ahora, terminaremos enfrentándonos a cambios drásticos en el clima. Seamos claros. No estamos hablando de unos cuantos días más de calor en verano y de un poco menos de nieve en invierno; estamos hablando de acontecimientos enormemente perjudiciales, como la transformación del suroeste de Estados Unidos en una zona de gran sequía permanente durante las próximas décadas.
Sin embargo, a pesar de la alta credibilidad de los creadores de los modelos climáticos, sigue existiendo una tremenda incertidumbre en sus previsiones a largo plazo. Pero, como veremos en breve, la incertidumbre es un argumento a favor de medidas más fuertes, no más débiles. De modo que el cambio climático exige pasar a la acción. ¿Es un programa de tope y trueque similar al modelo utilizado para reducir el dióxido de azufre el sistema adecuado?
La oposición seria al tope y trueque suele presentarse bajo dos formas: el argumento de que una acción más directa -en concreto, una prohibición de las centrales eléctricas alimentadas con carbón- sería más efectiva, y el de que un impuesto sobre las emisiones sería mejor que la comercialización de las emisiones. (Dejemos a un lado a quienes rechazan la ciencia del clima en su totalidad y se oponen a cualquier limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a quienes se oponen al uso de cualquier clase de solución basada en el mercado). Hay argumentos a favor de cada una de esas propuestas, aunque no tantos como sus defensores creen.
En lo que respecta a la acción directa, uno puede argumentar que los economistas aman los mercados de manera insensata y excesiva, que están demasiado dispuestos a suponer que cambiar los incentivos económicos de la gente resuelve todos los problemas. En concreto, no es posible ponerle precio a algo a menos que se pueda medir con precisión, y eso puede ser complicado a la par que caro. Por eso, a veces, es mejor limitarse a establecer algunas normas básicas sobre lo que la gente puede y no puede hacer.
Fíjense en las emisiones de los coches, por ejemplo. ¿Podríamos o deberíamos cobrar a cada propietario de un coche una cuota proporcional a las emisiones de su tubo de escape? Desde luego que no. Habría que instalar caros equipos de control en cada coche y también habría que preocuparse por el fraude. Casi con certeza, es mejor hacer lo que de hecho hacemos, que es imponer normas sobre las emisiones a todos los coches.
¿Se puede exponer un razonamiento similar respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero? Mi reacción inicial, que sospecho que compartirían la mayoría de los economistas, es que la propia escala y complejidad de la situación requiere una solución basada en el mercado, ya sea el tope y trueque o un impuesto sobre las emisiones. Después de todo, los gases de efecto invernadero son un subproducto directo o indirecto de casi todo lo producido en una economía moderna, desde las casas en las que vivimos hasta los coches que conducimos. Para reducir las emisiones de esos gases será necesario lograr que la gente modificase su comportamiento de muchas maneras diferentes, algunas de ellas imposibles de identificar hasta que tengamos un dominio mucho mayor de la tecnología ecológica. Por tanto, ¿podemos realmente conseguir avances significativos diciéndole a la gente lo que está o no está concretamente permitido? Economía 101 nos dice -probablemente con acierto- que el único modo de conseguir que la gente cambie de comportamiento adecuadamente es ponerles un precio a las emisiones, de tal manera que este coste quede a su vez incorporado en todo lo demás de una forma que refleje los impactos medioambientales finales.
Cuando los compradores vayan a la frutería, por ejemplo, se encontrarán con que las frutas y las verduras que vienen de lejos tienen precios más altos que las locales, lo que será en parte un reflejo del coste de los permisos de emisión o impuestos pagados para enviar esos productos. Cuando las empresas decidan cuánto gastarse en aislamiento, tendrán en cuenta los costes de la calefacción y el aire acondicionado, que incluyen el precio de los permisos de emisión o los impuestos pagados por la generación de electricidad. Cuando las instalaciones eléctricas tengan que elegir entre distintas fuentes de energía, tendrán que tener en cuenta que el consumo de combustibles fósiles irá asociado a unos impuestos más altos o unos permisos más caros. Y así sucesivamente. Un sistema basado en el mercado crearía incentivos descentralizados para hacer lo correcto, y ésa es la única forma de hacerlo.
Dicho eso, podrían ser necesarias algunas normas específicas. James Hansen, el destacado climatólogo a quien se le debe atribuir gran parte del mérito de haber convertido el cambio climático en un problema prioritario, ha defendido enérgicamente que la mayor parte del problema del cambio climático se debe a una sola cosa, la combustión del carbón, y que hagamos lo que hagamos tenemos que dejar de quemar carbón de aquí a 20 años. Mi reacción como economista es que un canon caro disuadiría de usar carbón en cualquier caso. Pero es posible que un sistema basado en el mercado acabe teniendo lagunas, y las consecuencias serían terribles. Así que yo defendería que se complementasen las medidas disuasorias basadas en el mercado con controles directos del uso del carbón como combustible.
¿Y qué hay de la defensa de un impuesto sobre las emisiones en lugar de un sistema de tope y trueque? No cabe duda de que un impuesto directo tendría muchas ventajas frente a leyes como la de Waxman-Markey, que está llena de excepciones y situaciones especiales. Pero esa no es en realidad una comparación útil: por supuesto que un impuesto ideal sobre las emisiones tiene mejor aspecto que un sistema de tope y trueque que la Cámara ya ha aprobado con todas sus condiciones adicionales. La pregunta es si el impuesto sobre las emisiones que realmente podría aplicarse es mejor que el tope y trueque. No hay motivos para creer que lo sería; de hecho, no hay motivos para creer que un impuesto sobre las emisiones generalizado conseguiría la aprobación del Congreso.
Para ser justos, Hansen ha expuesto un interesante argumento moral contra el sistema de tope y trueque, uno mucho más elaborado que la vieja idea de que está mal permitir que quienes contaminan compren el derecho a contaminar. Hansen llama la atención sobre el hecho de que en un mundo de tope y trueque, las buenas acciones individuales no contribuyen a los objetivos sociales. Si uno opta por conducir un coche híbrido o comprar una casa con una huella de carbono pequeña, todo lo que está haciendo es liberar permisos de emisiones para otra persona, lo que significa que uno no ha hecho nada para reducir la amenaza del cambio climático. Tiene parte de razón. Pero el altruismo no puede resolver de forma efectiva el problema del cambio climático. Cualquier solución seria debe depender principalmente de la creación de un sistema que le dé a todo el mundo un motivo egoísta para generar menos emisiones. Es una lástima, pero el altruismo climático debe ponerse por detrás de la tarea de lograr que dicho sistema funcione.
La conclusión, por tanto, es que, aunque el cambio climático puede ser un problema muchísimo más grave que el de la lluvia ácida, la lógica de cómo responder ante él es en gran medida la misma. Lo que necesitamos son incentivos de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero -junto con algunos controles directos del uso del carbón-, y el sistema de tope y trueque es una forma razonable de crear esos incentivos.
¿Pero podemos permitirnos hacer eso? Y lo que es igual de importante, ¿podemos permitirnos no hacerlo?
EL PRECIO DE LA ACTUACIÓN
Del mismo modo que existe un consenso aproximado entre los creadores de los modelos climáticos en cuanto a la trayectoria probable de las temperaturas si no actuamos para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, hay un consenso aproximado entre los creadores de los modelos económicos en cuanto al precio de la actuación. Esa opinión general puede resumirse de la manera siguiente: limitar las emisiones frenará el crecimiento económico, pero no demasiado. La Oficina Presupuestaria del Congreso, basándose en un estudio de modelos, ha llegado a la conclusión de que la ley Waxman-Markey "reduciría la tasa media anual de crecimiento prevista del producto interior bruto entre 2010 y 2050 entre 0,03 y 0,09 puntos porcentuales". Es decir, en el peor de los casos, reduciría el crecimiento anual medio del 2,4% al 2,31%. Básicamente, la Oficina Presupuestaria llega a la conclusión de que unas medidas fuertes para abordar el cambio climático harían que la economía estadounidense fuese entre un 1,1% y un 3,4% más pequeña en 2050 de lo que lo sería sin ellas.
¿Y qué hay de la economía mundial? En general, los creadores de los modelos tienden a calcular que las políticas sobre cambio climático reducirían la producción mundial en un porcentaje algo menor que el correspondiente a Estados Unidos. El principal motivo es que las economías incipientes como China usan actualmente la energía de un modo bastante ineficiente, en parte como consecuencia de unas políticas nacionales que han mantenido los precios de los combustibles fósiles muy bajos, y por tanto podrían conseguir un gran ahorro energético a un precio módico. Una revisión reciente de los cálculos disponibles establece el coste de una política climática muy estricta -considerablemente más agresiva que la contemplada en las propuestas legislativas actuales- en un valor situado entre el 1% y el 3% del PIB.
Esas cifras suelen provenir de un modelo que combina todo tipo de cálculos procedentes de la ingeniería y del mercado. Entre ellos están, por ejemplo, los cálculos óptimos de los ingenieros sobre cuánto cuesta generar electricidad de distintas formas, a partir del carbón, el gas, la energía nuclear y la solar, con unos precios determinados de los recursos. A continuación se hacen cálculos, basados en la experiencia histórica, sobre cuánto recortarían los consumidores su consumo de electricidad si su precio subiese. El mismo proceso se sigue con otras fuentes de energía, como el carburante. Y el modelo supone que todo el mundo opta por la mejor alternativa en función del contexto económico; que los generadores de energía eligen las formas menos caras de producir electricidad, mientras que los consumidores conservan la energía siempre que el dinero que ahorren al comprar menos electricidad supere el coste de usar menos electricidad en forma de otro gasto o de pérdida de comodidad. Después de todos estos análisis, resulta posible predecir cómo los productores y los consumidores de energía reaccionarán ante políticas que les pongan un precio a las emisiones, y qué coste final tendrán esas reacciones para la economía en su conjunto.
Naturalmente, hay casos en los que esta clase de modelo podría equivocarse. Muchos de los cálculos subyacentes son necesariamente especulativos hasta cierto punto; por ejemplo, nadie sabe realmente lo que costará la energía solar una vez que finalmente se convierta en una opción a gran escala. También hay motivos para dudar de la suposición de que la gente realmente toma las decisiones correctas: muchos estudios han descubierto que los consumidores no eran capaces de tomar medidas para ahorrar energía, como mejorar el aislamiento, aun cuando podrían ahorrar dinero si lo hicieran.
Pero, aunque sea improbable que estos modelos acierten en todo, está bien que, en vez de infravalorarlos, exageren los costes económicos de las medidas para abordar el cambio climático. Eso es lo que la experiencia del programa de tope y trueque para la lluvia ácida indica: los costes resultaron estar bastante por debajo de las predicciones iniciales. Y en general, lo que los modelos no tienen ni pueden tener en cuenta es la creatividad; sin duda, frente a una economía en la que hay grandes recompensas monetarias por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector privado encontrará formas de limitar las emisiones que todavía no están en ningún modelo.
Sin embargo, lo que oímos decir a los conservadores que se oponen a la política sobre cambio climático es que cualquier intento de limitar las emisiones sería económicamente devastador. La Fundación Heritage, por ejemplo, respondió a los cálculos de la Oficina Presupuestaria sobre la ley Waxman-Markey con un largo texto titulado "La OPC subestima enormemente los costes del sistema de tope y trueque". Los efectos reales, según la fundación, serían ruinosos para las familias y la creación de empleo.
Esta reacción -este pesimismo exagerado respecto a la capacidad de la economía para sobrellevar el tope y trueque- choca frontalmente con la retórica conservadora. Al fin y al cabo, los conservadores modernos dan muestras de una profunda y casi mística confianza en la efectividad de los incentivos mercantiles (a Ronald Reagan le gustaba hablar de la "magia del mercado"). Creen que el sistema capitalista puede hacer frente a todo tipo de limitaciones, que la tecnología, por ejemplo, puede superar fácilmente cualquier restricción impuesta al crecimiento por las reservas limitadas de petróleo o de otros recursos naturales. Pero ahora afirman que este mismo sector privado es absolutamente incapaz de soportar una limitación de las emisiones generales, aun cuando dicho tope funcionaría, desde el punto de vista del sector privado, de forma muy similar al suministro de un recurso limitado, como la tierra. ¿Por qué no creen que el dinamismo del capitalismo le inducirá a encontrar modos de arreglárselas en un mundo de emisiones de carbono reducidas? ¿Por qué piensan que el mercado pierde su magia en cuanto se invocan los incentivos mercantiles en favor de la conservación?
Está claro que los conservadores abandonan toda su fe en la capacidad de los mercados para adaptarse a la política sobre cambio climático porque no quieren que el Gobierno intervenga. Su pesimismo declarado respecto al coste de la política climática es esencialmente una estratagema política más que una opinión económica razonada. Lo que los delata es la marcada tendencia que tienen los conservadores que se oponen al tope y trueque a argumentar de mala fe. El extenso documento de la Fundación Heritage acusa a la Oficina Presupuestaria del Congreso de cometer errores lógicos elementales, pero si uno lee de hecho el informe de la oficina, está claro que la fundación lo está malinterpretando intencionadamente. Los políticos conservadores han sido aún más descarados. El Comité Nacional Republicano del Congreso, por ejemplo, publicó varios comunicados de prensa citando específicamente un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT en sus siglas en inglés) como base para afirmar que el tope y trueque costaría 3.100 dólares a cada familia, a pesar de los repetidos intentos por parte de los autores del estudio de aclarar que la cifra real representaba aproximadamente sólo una cuarta parte de eso.
La verdad es que no hay investigaciones creíbles que indiquen que tomar medidas enérgicas contra el cambio climático esté fuera de las posibilidades de la economía. Incluso si uno no confía plenamente en los modelos -y no debería hacerlo-, la historia y la lógica indican que los modelos exageran, no subestiman, los costes de la actuación climática. Podemos permitirnos hacer algo respecto al cambio climático.
Pero eso no equivale a decir que debamos hacerlo. La actuación tendrá costes, y éstos deben compararse con los de la falta de actuación. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, permítanme tocar un tema que se volverá esencial si realmente ponemos en marcha la política climática: cómo lograr que el resto del mundo nos acompañe en el esfuerzo.
EL SÍNDROME DE CHINA
Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo, lo que convierte al país en una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero. Pero no es la mayor. China, que quema mucho más carbón por dólar del producto interior bruto que Estados Unidos, lo superó según ese criterio hace unos tres años. En general, los países desarrollados -el club de los ricos del que forman parte Europa, América del Norte y Japón- son responsables de solamente la mitad más o menos de las emisiones de efecto invernadero, y esa es una fracción que se reducirá con el paso del tiempo. En resumen, no puede haber una solución para el cambio climático a menos que el resto del mundo, y las economías incipientes en particular, participen de forma importante.
Invariablemente, quienes se resisten a hacer frente al cambio climático señalan la naturaleza mundial de las emisiones como motivo para no actuar. Limitar las emisiones de Estados Unidos no servirá de mucho, sostienen, si China y otros no nos acompañan en el esfuerzo. Y subrayan la obstinación de China en las negociaciones de Copenhague como prueba de que otros países no cooperarán. De hecho, las economías incipientes consideran que tienen derecho a emitir libremente sin preocuparse por las consecuencias (eso es lo que los países que hoy son ricos pudieron hacer durante siglos). No es posible conseguir una cooperación mundial en relación con el cambio climático, prosigue el argumento, y eso significa que no tiene sentido tomar ninguna medida en absoluto.
Para quienes piensan que tomar medidas es esencial, la pregunta correcta es cómo convencer a China y a otros países emergentes de que participen en la limitación de las emisiones. Las zanahorias, o incentivos positivos, son una respuesta. Imaginen que se establecen sistemas de tope y trueque en China y Estados Unidos (pero permitiendo el trueque internacional de los permisos, de manera que las empresas chinas y estadounidenses puedan comprar y vender los derechos de emisiones). Al establecer topes generales a niveles pensados para garantizar que China nos venda un número considerable de permisos, estaríamos de hecho pagando a China para que recortase sus emisiones. Dado que las pruebas indican que el coste de recortar las emisiones sería más bajo en China que en Estados Unidos, esto podría ser un trato ventajoso para todos.
¿Pero qué pasa si los chinos (o los indios, o los brasileños, etcétera) no quieren participar en dicho sistema? Entonces hacen falta tanto varas como zanahorias. En concreto, hacen falta aranceles sobre el carbono.
Un arancel sobre el carbono sería un impuesto sobre los productos importados proporcional al carbón emitido al fabricar dichos productos. Supongamos que China se niega a reducir las emisiones, mientras que Estados Unidos adopta unas políticas que establecen un precio de 100 dólares por cada tonelada de emisiones de carbono. Si Estados Unidos impusiese ese arancel sobre el carbono, cualquier envío de productos chinos a Estados Unidos cuya producción conllevase la emisión de una tonelada de carbono estaría gravado con un impuesto de 100 dólares que se añadirían a cualquier otro impuesto. Esos aranceles, si fuesen impuestos por los actores más importantes -probablemente Estados Unidos y la Unión Europea-, ofrecerían a los países que no cooperan un incentivo considerable para que se replanteasen su postura.
A la objeción de que una política así sería proteccionista, una violación de los principios del libre comercio, una posible respuesta es: ¿y qué? Mantener los mercados mundiales abiertos es importante, pero evitar una catástrofe planetaria es mucho más importante. Sin embargo, se puede argumentar de todos modos que los aranceles sobre el carbono entran dentro de las normas de las relaciones comerciales normales. Siempre que el arancel impuesto al contenido de carbono de las importaciones sea comparable al precio de los permisos de carbono nacionales, la consecuencia es cobrar a los consumidores un coste que refleja el carbono emitido en lo que compran, independientemente de dónde se fabrique. Eso debería ser legal según las normas del comercio internacional. De hecho, hasta la Organización Mundial del Comercio, que se encarga de supervisar las políticas comerciales, ha publicado un estudio que indica que los aranceles sobre el carbono serían aceptables.
Huelga decir que las negociaciones reales para lograr que se coopere y se actúe a escala mundial contra el cambio climático serían mucho más complejas y tendenciosas de lo que esta exposición da a entender. Pero el problema no es tan inabordable como se suele afirmar. Si Estados Unidos y Europa decidiesen tomar medidas sobre política climática, casi seguro que serían capaces de engatusar y presionar al resto del mundo para que se una al esfuerzo. Podemos hacerlo.
EL PRECIO DE LA FALTA DE ACTUACIÓN
En los debates públicos, los escépticos del cambio climático han ganado terreno claramente durante los dos últimos años, aun cuando últimamente se ha visto que es probable que 2010 sea el año más caluroso de los registrados. Pero los propios creadores de los modelos climáticos se sienten cada vez más pesimistas. Lo que antes eran las peores situaciones posibles se han convertido en previsiones de partida, y algunas organizaciones han duplicado sus predicciones sobre el aumento de la temperatura en el transcurso del siglo XXI. Tras este nuevo pesimismo se oculta una preocupación cada vez mayor por los efectos de acoplamiento (por ejemplo, la liberación de metano, un importante gas de efecto invernadero, desde los lechos marinos y la tundra, a medida que el planeta se calienta).
En estos momentos, las previsiones sobre el cambio climático, suponiendo que sigamos como hasta ahora, se agrupan en torno al cálculo de que en 2100 las temperaturas medias serán unos cinco grados centígrados más altas de lo que lo eran en 2000. Eso es mucho (equivale a la diferencia de las temperaturas medias de Nueva York y el centro del Estado de Misisipi). Un cambio tan grande sería enormemente perjudicial. Y los problemas no terminarían aquí: las temperaturas seguirían subiendo.
Además, los cambios en la temperatura media no serán ni mucho menos la única alteración. Los patrones de precipitación cambiarán, y algunas regiones se volverán mucho más húmedas, y otras, mucho más secas. Muchos creadores de modelos también predicen tormentas más intensas. El nivel de los océanos subirá, y el impacto se verá intensificado por esas tormentas: la inundación costera, que ya es una fuente importante de desastres naturales, se volvería mucho más frecuente y grave. Y podría haber cambios drásticos en el clima de algunas regiones a medida que las corrientes oceánicas se modifiquen. Siempre merece la pena tener en cuenta que Londres tiene la misma latitud que Labrador; sin la corriente del Golfo, Europa Occidental apenas sería habitable.
Aunque un clima más cálido podría tener algunas ventajas, parece casi seguro que un trastorno de esta magnitud haría que Estados Unidos, y el mundo en su conjunto, fuese más pobre de lo que lo sería en otras circunstancias. ¿Cuánto más pobre? Si la nuestra fuese una sociedad preindustrial y principalmente agrícola, el cambio climático radical sería evidentemente catastrófico. Pero tenemos una economía avanzada, del tipo que históricamente ha demostrado tener gran capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Si esto suena parecido a mi argumento sobre que los costes de los límites de las emisiones serían soportables, así debe ser: la misma flexibilidad que debería permitirnos soportar unos precios del carbono mucho más altos también debería ayudarnos a hacer frente a una temperatura media algo más alta.
Pero hay al menos dos motivos para tomarse con precaución las valoraciones positivas de las consecuencias del cambio climático. Uno es que, como acabo de señalar, no se trata sólo de tener un clima más cálido: muchos de los costes del cambio climático es probable que se deban a las sequías, las inundaciones y las tormentas fuertes. El otro es que, mientras que las economías modernas pueden ser enormemente adaptables, a los ecosistemas puede que no les suceda lo mismo. La última vez que la Tierra experimentó un calentamiento cuyo ritmo era similar al que ahora esperamos fue durante el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, hace unos 55 millones de años, cuando las temperaturas aumentaron unos seis grados centígrados en el transcurso de unos 20.000 años (lo cual es un ritmo mucho más lento que el del calentamiento actual). Esa subida estuvo unida a extinciones masivas, lo cual, por decirlo suavemente, probablemente no sería bueno para el nivel de vida.
De modo que, ¿cómo podemos ponerle un precio a los efectos del calentamiento global? Los cálculos más citados, como los del Modelo Dinámico Integrado de Clima y Economía, conocido como DICE por sus siglas en inglés y empleado por William Nordhaus, de Yale, y sus compañeros, dependen de unas elaboradas conjeturas para atribuir un valor a los efectos negativos del calentamiento global para algunos sectores cruciales, especialmente la agricultura y la protección costera, y luego tratar de dejar cierto margen para otras posibles repercusiones. Nordhaus ha sostenido que un aumento de la temperatura mundial de 2,5 grados centígrados -que era antes la previsión aceptada para 2100- reduciría el producto mundial bruto en algo menos del 2%. ¿Pero qué pasaría si, como indica un número cada vez mayor de modelos, el aumento real de la temperatura fuese el doble? Nadie sabe realmente cómo hacer esa extrapolación. Acierte o no, el modelo de Nordhaus calcula que las pérdidas debidas a un aumento de cinco grados serían de alrededor del 5% del producto bruto mundial. Sin embargo, muchos críticos han sostenido que el coste sería mucho más alto.
A pesar de la incertidumbre, resulta tentador hacer una comparación directa entre las pérdidas calculadas y los cálculos de lo que costarían las políticas climáticas: el cambio climático reducirá el producto mundial bruto en un 5%; detenerlo costará el 2%, así que, adelante. Desgraciadamente, los cálculos no son tan sencillos por al menos cuatro motivos.
Primero, ya se está cociendo un considerable calentamiento global como consecuencia de las emisiones del pasado y porque, incluso con unas medidas fuertes contra el cambio climático, lo más probable es que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera siga aumentando durante muchos años. Por tanto, incluso si los países de todo el mundo consiguen frenar el cambio climático, seguiremos teniendo que pagar por nuestra falta de actuación inicial. Como consecuencia, los cálculos de las pérdidas de Nordhaus pueden superar a los beneficios de la actuación.
Segundo, los costes económicos de los límites de las emisiones empezarían a producirse en cuanto la política entrase en vigor y, según la mayoría de las propuestas, serían considerables dentro de unos 20 años. Por otra parte, si no actuamos, los grandes costes probablemente llegarían a finales de este siglo (aunque algunas cosas, como la transformación del suroeste de Estados Unidos en una zona desértica, podrían llegar mucho antes). Así que la forma de comparar esos costes depende de cómo se valoren los costes en el futuro lejano en relación con los costes que se presentarán mucho antes.
Tercero, y yendo en dirección contraria, si no tomamos medidas, el calentamiento global no se detendrá en 2100: las temperaturas, y las pérdidas, seguirán aumentando. De modo que si uno le da importancia al futuro muy, muy lejano, las razones para actuar son más sólidas de lo que incluso los cálculos para 2100 dan a entender.
Por último, está el importantísimo problema de la incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta la magnitud del cambio climático, lo cual es inevitable, porque hablamos de alcanzar niveles de dióxido de carbono en la atmósfera que no se han visto en millones de años. La reciente duplicación de las cifras previstas para 2100 por muchos modelos es en sí misma una muestra del alcance de esa incertidumbre; quién sabe qué revisiones podrían producirse en los próximos años. Aparte de eso, nadie sabe realmente cuánto daño causaría un aumento de las temperaturas del calibre que ahora se considera probable.
Podrían pensar que esta incertidumbre debilita el argumento en favor de la actuación, pero en realidad lo refuerza. Como ha sostenido Martin Weitzman, de Harvard, en varios artículos influyentes, si hay una posibilidad significativa de que se produzca una catástrofe absoluta, esa posibilidad -más que la cuestión de qué es más probable que suceda- debería dominar los cálculos de los costes frente a los beneficios. Y la de la catástrofe absoluta sí que parece una posibilidad realista, aun cuando no sea el resultado más probable.
Weitzman sostiene -y yo estoy de acuerdo- que este riesgo de una catástrofe, más que los detalles de los cálculos de los costes frente a los beneficios, es el argumento más poderoso a favor de una política climática rigurosa. Las previsiones actuales sobre el calentamiento global en ausencia de medidas para combatirlo están demasiado cerca de las clases de cifras que se asocian a las peores de las perspectivas. Sería irresponsable -resulta tentador decir que criminalmente irresponsable- no alejarse de lo que muy fácilmente podría resultar ser el borde de un precipicio.
Aun así, eso abre un gran debate sobre la velocidad de las actuaciones.
LA RAMPA CONTRA EL 'BIG BANG'
Los economistas que analizan las políticas climáticas coinciden en algunos puntos clave. Hay un amplio consenso en cuanto a que tenemos que poner precio a las emisiones de carbono, y que este precio debe terminar siendo muy alto, pero que los efectos económicos negativos de esta política tendrán una magnitud abarcable. En otras palabras, podemos y debemos actuar para limitar el cambio climático. Pero hay un debate encarnizado entre los analistas expertos respecto al ritmo, la rapidez con que los precios del carbono deben subir hasta niveles significativos.
Por una parte están los economistas que llevan muchos años trabajando en los llamados modelos de evaluación integrada, que combinan modelos de cambio climático con modelos que describen tanto el daño debido al calentamiento global como los costes debidos al recorte de las emisiones. En su mayor parte, el mensaje de estos economistas es una especie de versión para el cambio climático de la famosa plegaria de san Agustín: "Dame castidad y continencia, pero no ahora". Así, el modelo DICE de Nordhaus afirma que el precio de las emisiones de carbono subirá finalmente hasta más de 200 dólares por tonelada, en la práctica más del cuádruple del coste del carbón, pero que la mayor parte de ese aumento debería llegar a finales de este siglo, y que la mucho más modesta tasa inicial debería ser de 30 dólares por tonelada. Nordhaus llama "rampa de la política climática" a esta recomendación de una política que se intensifica poco a poco durante un largo periodo.
Por otra parte, hay algunos más recientemente llegados al campo que trabajan con modelos similares, pero que llegan a conclusiones diferentes. El más conocido, Nicholas Stern, un economista de la London School of Economics, defendía en 2006 una actuación rápida y agresiva para limitar las emisiones, lo que muy probablemente conllevaría unos precios del carbono mucho más altos. Esta postura alternativa no parece tener un nombre consensuado, así que permítanme llamarla "big bang de la política climática".
Me resulta más fácil encontrarles el sentido a los argumentos si pienso en las políticas para reducir las emisiones de carbono como en una especie de proyecto de inversión pública: uno paga un precio ahora y obtiene unos beneficios en forma de un planeta menos dañado más tarde. Y cuando digo más tarde, me refiero a mucho más tarde; las emisiones de hoy influirán sobre la cantidad de carbono en la atmósfera durante décadas y posiblemente siglos futuros. Así que si quieren evaluar si merece la pena hacer una inversión determinada en la reducción de las emisiones tienen que calcular el daño que hará una tonelada adicional de carbono en la atmósfera no sólo este año, sino dentro de un siglo o más; y también tienen que decidir cuánta importancia le atribuyen a un daño que tardará mucho tiempo en materializarse.
Los defensores de la política rampa sostienen que el daño hecho por una tonelada adicional de carbono en la atmósfera es bastante bajo con las concentraciones actuales; el coste no será realmente grande hasta que haya mucho más dióxido de carbono en el aire, y eso no sucederá hasta finales de este siglo. Y sostienen que unos costes tan lejanos en el tiempo no deberían tener una gran influencia sobre la política actual. Señalan los tipos de rendimiento del mercado, que indican que los inversores dan poca importancia a los beneficios o pérdidas que experimentarán en un futuro lejano, y argumentan que las políticas oficiales, incluidas las políticas climáticas, deberían hacer lo mismo.
Los defensores del big bang sostienen que el Gobierno debería tener mucha más perspectiva que los inversores privados. Stern, concretamente, defiende que los responsables políticos deberían dar la misma importancia al bienestar de las generaciones futuras que al de las actuales. Además, los defensores de la acción rápida sostienen que el daño debido a las emisiones podría ser mucho mayor de lo que indican los análisis de la política rampa, ya sea porque las temperaturas globales son más sensibles a las emisiones de efecto invernadero de lo que se creía, o porque el daño económico debido a una gran subida de las temperaturas es mucho mayor de lo que afirman los cálculos aproximados de los modelos rampa.
Como economista profesional, este debate me resulta doloroso. Hay personas inteligentes y bienintencionadas en ambos lados -algunos de ellos, como suele ocurrir, viejos amigos y mentores míos-, y ambos lados se han apuntado algunos tantos importantes. Desgraciadamente, no podemos declarar un empate honorable, porque hay que tomar una decisión.
Personalmente, me inclino por la opinión del big bang. El argumento moral de Stern a favor de amar a las generaciones no nacidas igual que nos amamos a nosotros mismos puede resultar demasiado fuerte, pero se puede argumentar convincentemente que la política pública debe tener una perspectiva mucho más amplia que la de los mercados privados. Y lo que es más importante, las recomendaciones de la política rampa se parecen demasiado a la realización de un experimento muy arriesgado con el planeta entero. La política preferida por Nordhaus, por ejemplo, estabilizaría la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a un nivel que es aproximadamente el doble de la media preindustrial. Según su modelo, esto sólo tendría unas consecuencias moderadas para el bienestar mundial; ¿pero hasta qué punto podemos confiar en esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que esta clase de cambios en el medio ambiente no conduciría a una catástrofe? No lo bastante seguros, diría yo, especialmente porque, como he señalado antes, los creadores de modelos climáticos han elevado radicalmente sus cifras aproximadas de calentamiento futuro en tan sólo los dos últimos años.
Así que, básicamente, me quedo con el argumento de Martin Weitzman: la probabilidad no insignificante de un desastre absoluto es la que debe dominar nuestro análisis político. Y eso es un argumento a favor de las medidas agresivas para frenar las emisiones ya.
LA ATMÓSFERA POLÍTICA
Como he mencionado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya ha aprobado el proyecto de ley Waxman-Markey, una legislación bastante sólida destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No es tan radical como lo que proponen los defensores del big bang, pero sus medidas parecen más rápidas que las propuestas por la política rampa. Pero la votación de la ley Waxman-Markey que se celebró el pasado junio puso de manifiesto la clara división que existe en el Congreso. Tan sólo 8 republicanos votaron a favor, mientras que 44 demócratas votaron en contra. Y todo indica que no se aprobaría si tuviese que ser sometido a votación hoy.
Las perspectivas en el Senado, donde hacen falta 60 votos para que se aprueben la mayoría de las leyes, son aún peores. Algunos senadores demócratas, representantes de Estados agrícolas y productores de energía, han hecho declaraciones en contra del sistema de tope y trueque (la agricultura estadounidense moderna es una gran consumidora de energía). En el pasado, algunos senadores republicanos han apoyado el tope y trueque. Pero con el partidismo en auge, la mayoría de ellos ha cambiado de tono. El cambio de actitud más sorprendente ha sido el de John McCain, que tuvo un papel protagonista en la promoción del tope y trueque y presentó un proyecto de ley similar al de Waxman-Markey en 2003. Hoy, McCain desprecia la idea en sí llamándola "tope e impuesto", para consternación de sus ex ayudantes.
Ah, y un invierno muy nevado en la Costa Este de Estados Unidos les ha brindado a los escépticos del cambio climático una buena oportunidad, aun cuando a escala mundial éste ha sido uno de los inviernos más cálidos que se han registrado.
Por tanto, las perspectivas inmediatas de las actuaciones climáticas no parecen prometedoras, a pesar del esfuerzo constante de tres senadores -Kerry, Lieberman y Graham- por presentar una propuesta negociada. (Tienen previsto presentar una ley a finales de este mes). Pero el problema no va a desaparecer. Es bastante probable que las temperaturas récord que el mundo situado fuera de Washington ha conocido en lo que llevamos de año continúen, lo que privaría a los escépticos de uno de sus principales argumentos. Y en un sentido más general, dados los vaivenes de la política estadounidense en los últimos años -desde 2005, la creencia generalizada ha pasado del dominio republicano permanente al dominio demócrata permanente y a Dios sabe qué-, tiene que haber una posibilidad real de que renazca el apoyo político a la actuación contra el cambio climático.
Si lo hace, el análisis económico estará preparado. Sabemos cómo limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos un buen conocimiento de los costes, y son asumibles. Todo lo que necesitamos ahora es la voluntad política. -
© EDICIONES EL PAÍS S.L.
jueves, 22 de abril de 2010
Bruselas recuerda a los Veintisiete su compromiso con la ayuda al desarrollo
Cinco Días - Bruselas - 22/04/2010
El comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, dio ayer un nuevo toque de atención a los Gobiernos europeos porque "no vamos por buen camino" para cumplir el compromiso de destinar un 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo en 2015 y advirtió de que la actual crisis económica "no puede ser una excusa" con la que reducir las contribuciones.
Los 27 deberían destinar este año un 0,53% del PIB a la ayuda al desarrollo, esto es 64.000 millones de euros, pero las previsiones apuntan a que el dinero que se conseguirá será menor, en torno a un 0,46%. "No vamos por el buen camino para llegar al 0,7% en 2015", advirtió el comisario en rueda de prensa, hace falta "financiación y voluntad política".
El Ejecutivo comunitario presentó recientemente un paquete de doce propuestas con las que pretende reforzar la coordinación entre los 27 para evitar que la ayuda se duplique y hacerla más efectiva, pero también para reforzar la fiscalidad en los países en desarrollo para una mejor gestión de los fondos y evitar que las aportaciones se pierdan por canales corrompidos. Se trata de dotar de mayor "coherencia y eficacia" a la contribución europea, movilizar nuevos recursos y centralizarlos en los países más vulnerables, defiende la Comisión.
El comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, dio ayer un nuevo toque de atención a los Gobiernos europeos porque "no vamos por buen camino" para cumplir el compromiso de destinar un 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo en 2015 y advirtió de que la actual crisis económica "no puede ser una excusa" con la que reducir las contribuciones.
Los 27 deberían destinar este año un 0,53% del PIB a la ayuda al desarrollo, esto es 64.000 millones de euros, pero las previsiones apuntan a que el dinero que se conseguirá será menor, en torno a un 0,46%. "No vamos por el buen camino para llegar al 0,7% en 2015", advirtió el comisario en rueda de prensa, hace falta "financiación y voluntad política".
El Ejecutivo comunitario presentó recientemente un paquete de doce propuestas con las que pretende reforzar la coordinación entre los 27 para evitar que la ayuda se duplique y hacerla más efectiva, pero también para reforzar la fiscalidad en los países en desarrollo para una mejor gestión de los fondos y evitar que las aportaciones se pierdan por canales corrompidos. Se trata de dotar de mayor "coherencia y eficacia" a la contribución europea, movilizar nuevos recursos y centralizarlos en los países más vulnerables, defiende la Comisión.
miércoles, 21 de abril de 2010
La recesión reduce prácticamente a cero la entrada neta de inmigrantes
El drástico cambio que ha registrado la coyuntura económica española en los últimos dos años se ha trasladado al comportamiento de la población. El INE hizo pública ayer su última estimación con fecha de 1 de abril, según la cual España rebasó la barrera de los 46 millones de habitantes y registró un crecimiento del 0,3%, el menor desde 2002. Pero lo más destacable es que ya salen casi tantos ciudadanos como los que entran y en el primer trimestre de este año el saldo neto es de sólo 12.510 personas.
D. Cepeda / R. Díaz Guijarro - Madrid - 21/04/2010 Cincodias.es
La crisis ha hecho mella en la demografía española. La población sigue creciendo, pero a menor ritmo que en los años de bonanza económica. Así, según las estimaciones realizadas por el INE, España contaba con fecha 1 de abril con una población de 46.030.109 personas, apenas 141.153 más que un año antes; lo que en términos relativos representa un leve aumento del 0,3%. Aún así, y pese a ser el menor avance de los últimos ocho años, España ha ganado en términos acumulados un 10% más de población desde 2002.
La causa a este aparente estancamiento demográfico hay que buscarla en los flujos migratorios, en especial, en la entrada de inmigrantes, que ha experimentado un importante frenazo, cuando, por el contrario, en los años anteriores había sido el motor del crecimiento poblacional experimentado por España.
Los datos elaborados por Estadística confirman la tendencia a la baja de las llegadas de extranjeros desde que estalló la crisis, en 2008. Ese año, la población aumentó en 719.818 personas. Si bien ese dato contiene los flujos migratorios y el movimiento natural de la población, buena parte del mismo es atribuible a la entrada de extranjeros. Si no, no se explicaría sólo por el saldo entre nacidos y fallecidos la drástica reducción que experimenta en 2009, al incrementarse la población sólo en 295.571 habitantes. Lejos, sin duda, del mayor crecimiento, que fue el de 2007, todavía en pleno boom inmobiliario y cuando el empleo era aún boyante. Entonces se computó un avance anual de 805.323 ciudadanos.
Las comunidades que han experimentado un mayor aumento de su población desde 2002 son Baleares que tiene un 23,6%más de habitantes, hasta sumar 1,1 millones de personas.Murcia es la siguiente con un aumento del 22,1%, hasta los 1,4 millones y, por último, la Comunidad Valenciana, que creció un 20%, hasta los 4,9 millones de ciudadanos.
No obstante, y pese a la crisis, los extranjeros no dejan de venir a España, aunque en mucha menor medida. En 2009 sólo entraron 51.505 personasmás que un año antes, hasta sumar 449.814. Y además emigraron un total de 398.309 foráneos. Es decir, el 88,5% del total que llegó, lo que explica esa reducción de los saldos netos al mínimo histórico. En 2009 la diferencia entre inmigrantes y emigrantes fue de apenas 47.300 ciudadanos y en los tres primeros meses de este año sumaron 12.510. Una tendencia que se asocia, según los expertos, al deterioro del mercado de trabajo. Los hombres son los más propensos a hacer las maletas (el 58,7%del total de las emigraciones). Esto se explica, en parte, por la caída del sector de la construcción, actividad aún dominada por los varones. Pese a esta significativa merma en la entrada de inmigrantes, el Ministerio de Trabajo sigue considerando a este colectivo crucial para afrontar el desafío del envejecimiento. El INE prevé que en los próximos 40 años la población mayor de 64 años se duplique y represente el 30% del total.
Diferencias con el padrón
En las cifras de población pasa algo similar a lo que ocurre con el paro y las diferencias entre los datos del INEM y la EPA. El padrón municipal recoge a todos los ciudadanos inscritos en los registros que ponen a su disposición los ayuntamientos. Y las estimaciones de población como las que publicó ayer el INE se realizan a partir del Censo de 2001, último disponible, que como la EPA elabora sus resultados a partir de encuestas exhaustivas a los hogares. Como el próximo censo no se publicará hasta 2011, para evitar ese vacío, el INE realiza estimaciones intercensales que tienen en cuenta muchas variables distintas, como los resultados de nacimientos y defunciones y las estimaciones mensuales de coyuntura demográfica, que analizan la mortalidad y la fecundidad.
Por ello, es lógico que no coincidan, aunque ambas cifras muestran idénticas tendencias.
D. Cepeda / R. Díaz Guijarro - Madrid - 21/04/2010 Cincodias.es
La crisis ha hecho mella en la demografía española. La población sigue creciendo, pero a menor ritmo que en los años de bonanza económica. Así, según las estimaciones realizadas por el INE, España contaba con fecha 1 de abril con una población de 46.030.109 personas, apenas 141.153 más que un año antes; lo que en términos relativos representa un leve aumento del 0,3%. Aún así, y pese a ser el menor avance de los últimos ocho años, España ha ganado en términos acumulados un 10% más de población desde 2002.
La causa a este aparente estancamiento demográfico hay que buscarla en los flujos migratorios, en especial, en la entrada de inmigrantes, que ha experimentado un importante frenazo, cuando, por el contrario, en los años anteriores había sido el motor del crecimiento poblacional experimentado por España.
Los datos elaborados por Estadística confirman la tendencia a la baja de las llegadas de extranjeros desde que estalló la crisis, en 2008. Ese año, la población aumentó en 719.818 personas. Si bien ese dato contiene los flujos migratorios y el movimiento natural de la población, buena parte del mismo es atribuible a la entrada de extranjeros. Si no, no se explicaría sólo por el saldo entre nacidos y fallecidos la drástica reducción que experimenta en 2009, al incrementarse la población sólo en 295.571 habitantes. Lejos, sin duda, del mayor crecimiento, que fue el de 2007, todavía en pleno boom inmobiliario y cuando el empleo era aún boyante. Entonces se computó un avance anual de 805.323 ciudadanos.
Las comunidades que han experimentado un mayor aumento de su población desde 2002 son Baleares que tiene un 23,6%más de habitantes, hasta sumar 1,1 millones de personas.Murcia es la siguiente con un aumento del 22,1%, hasta los 1,4 millones y, por último, la Comunidad Valenciana, que creció un 20%, hasta los 4,9 millones de ciudadanos.
No obstante, y pese a la crisis, los extranjeros no dejan de venir a España, aunque en mucha menor medida. En 2009 sólo entraron 51.505 personasmás que un año antes, hasta sumar 449.814. Y además emigraron un total de 398.309 foráneos. Es decir, el 88,5% del total que llegó, lo que explica esa reducción de los saldos netos al mínimo histórico. En 2009 la diferencia entre inmigrantes y emigrantes fue de apenas 47.300 ciudadanos y en los tres primeros meses de este año sumaron 12.510. Una tendencia que se asocia, según los expertos, al deterioro del mercado de trabajo. Los hombres son los más propensos a hacer las maletas (el 58,7%del total de las emigraciones). Esto se explica, en parte, por la caída del sector de la construcción, actividad aún dominada por los varones. Pese a esta significativa merma en la entrada de inmigrantes, el Ministerio de Trabajo sigue considerando a este colectivo crucial para afrontar el desafío del envejecimiento. El INE prevé que en los próximos 40 años la población mayor de 64 años se duplique y represente el 30% del total.
Diferencias con el padrón
En las cifras de población pasa algo similar a lo que ocurre con el paro y las diferencias entre los datos del INEM y la EPA. El padrón municipal recoge a todos los ciudadanos inscritos en los registros que ponen a su disposición los ayuntamientos. Y las estimaciones de población como las que publicó ayer el INE se realizan a partir del Censo de 2001, último disponible, que como la EPA elabora sus resultados a partir de encuestas exhaustivas a los hogares. Como el próximo censo no se publicará hasta 2011, para evitar ese vacío, el INE realiza estimaciones intercensales que tienen en cuenta muchas variables distintas, como los resultados de nacimientos y defunciones y las estimaciones mensuales de coyuntura demográfica, que analizan la mortalidad y la fecundidad.
Por ello, es lógico que no coincidan, aunque ambas cifras muestran idénticas tendencias.
lunes, 19 de abril de 2010
sábado, 17 de abril de 2010
La recesión permite a España cumplir el Protocolo de Kioto
Publicado el 17-04-2010 , por G. Escribano
España ya ha cumplido la meta fijada por el Protocolo de Kioto de contener el crecimiento de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo era arrojar a la atmósfera un 37% más de emisiones que la media del periodo 1990-1995.
Según los últimos datos del registro europeo y a falta de unos últimos ajustes, España está a un nivel del 30% por encima de ese periodo.
En la práctica, esto supone el cumplimiento del tratado, que expira en 2012, por parte de España, algo que se debe al desplome de la producción industrial, la entrada en juego de la bolsa de dióxido de carbono (CO2) y el desarrollo de las energías renovables. A comienzos de la crisis, el país estaba un 51% por encima del año base (1990).
Este pacto fue firmado por los gobiernos en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en la ciudad japonesa de Kioto durante 1997. Los firmantes se comprometieron a reducir en un 5,2% la cantidad de emisiones totales a la atmósfera entre los años 2008 y 2012.
Sectores
Uno de los objetivos españoles del Protocolo es la emisión de 397 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Este máximo afecta a todos los sectores económicos, tanto a los sometidos a la Directiva Europea de Comercio de Emisiones (la industria y las eléctricas), como a los sectores difusos (transporte, residencial y agrícola).
En el primer caso, las emisiones verificadas fueron de 136 millones de toneladas durante 2009, una caída del 16,3% respecto al año anterior. De hecho, los GEI de la industria están un poco por encima de la media de los años 1990-1995, lo que indica el fuerte impacto de la recesión.
La reducción también va en línea con el desarrollo de energías renovables, que han mitigado los GEI de las eléctricas, el principal sector contaminante del país. Como muestra, un botón: durante los tres primeros meses de este año, las emisiones del sector eléctrico cayeron un 44%, gracias a las energías verdes. Éste es el único indicador de que las políticas del Ejecutivo español hayan tenido algo que ver con el cumplimiento de Kioto.
Las instalaciones de combustión españolas, entre las que se encuentran las centrales térmicas de más de 20 megavatios (MW), recortaron sus emisiones un 15,5% durante 2009, hasta 89 millones de toneladas de CO2. Estos datos de reducción están en sintonía con el desplome productivo: el IPI (Índice de Producción Industrial) cayó una media del 15,8% durante 2009.
La fabricación de cerámicas y azulejos fue el sector que más rebajó la generación de CO2 durante el año pasado (un 45%) respecto a 2008. El cemento y la cal produjeron un 21% menos de CO2, y la siderurgia, un 20% por debajo. Estos sectores participaron de forma muy activa en el mercado de emisiones regulado por la UE.
Precisamente, el mercado de derechos tiene que ver con el cumplimiento español de Kioto. La aplicación de la bolsa de carbono, junto con otros mecanismos de desarrollo limpio (inversiones verdes en países en vías de desarrollo), permitió ampliar la cuota de generación de gases hasta el 37%, en lugar del 15% original por encima del valor de 1990-1995.
El objetivo español del Protocolo limita la emisión a 397 millones de toneladas de CO2
En el caso de las emisiones de los sectores difusos, todavía no hay un valor verificado, pero todo indica que serán suficientes como para cumplir Kioto. Bastaría con que los datos fuesen similares a los de 2008, el año del despegue de la crisis. Los expertos del sector aseguran que esta cifra se cumplirá con holgura.
El cumplimiento del compromiso estará certificado de forma oficial si el transporte, la agricultura y la residencias españolas han emitido 261 millones de toneladas de CO2 durante 2009. Sin embargo, la contaminación fue de 243 millones de toneladas en el año anterior y la tendencia ha sido decreciente desde el estallido de la crisis.
Estos datos demuestran que España podría salir mejor parada en cumplir Kioto frente a otros países europeos. En este sentido, la media de reducción de CO2 en la industria de los Veintisiete fue del 11,9% durante 2009. Alemania redujo un 9%; Francia, un 13%; Reino Unido, un 12,5%; e Italia, un 17%.
Diccionario verde
El objetivo
Cuando España firmó el Protocolo de Kioto en 1997, se comprometió a mitigar el aumento de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Tenía un techo de un 15% por encima de la media de 1990 a 1995.
Manga ancha
Esta meta era demasiado ambiciosa, por lo que a este país se le permitió pasar del 15% al 37% si utilizaba mecanismos de desarrollo limpio, entre ellos, la bolsa de CO2. En términos netos, 397 millones de toneladas de CO2.
Los sectores
Los sectores económicos sujetos a este tope están divididos en dos bloques: los sujetos a la directiva de comercio europea (industrias y eléctricas) y los sectores difusos (transporte, agrícola y residencial).
Industrial
La industria española redujo sus emisiones de CO2 un 16,30% en 2009 respecto al año anterior. El valor neto es de 136 millones de toneladas. Esta reducción está en línea con el IPI, que descendió una media de 15,8%.
Eléctricas
El sector eléctrico ha emitido 89 millones de toneladas de carbono durante 2009, un 15,5% menos. El desarrollo de las energías renovables está detrás de este imparable descenso.
Difusos
Todavía no hay datos definitivos sobre los GEI del transporte, el sector residencial y el agrícola, pero todo indica que serán más que suficientes para cumplir Kioto. Con 261 millones de toneladas, habría luz verde y los expertos apuntan que se emitirán muchas menos.
Expansion.com
España ya ha cumplido la meta fijada por el Protocolo de Kioto de contener el crecimiento de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo era arrojar a la atmósfera un 37% más de emisiones que la media del periodo 1990-1995.
Según los últimos datos del registro europeo y a falta de unos últimos ajustes, España está a un nivel del 30% por encima de ese periodo.
En la práctica, esto supone el cumplimiento del tratado, que expira en 2012, por parte de España, algo que se debe al desplome de la producción industrial, la entrada en juego de la bolsa de dióxido de carbono (CO2) y el desarrollo de las energías renovables. A comienzos de la crisis, el país estaba un 51% por encima del año base (1990).
Este pacto fue firmado por los gobiernos en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en la ciudad japonesa de Kioto durante 1997. Los firmantes se comprometieron a reducir en un 5,2% la cantidad de emisiones totales a la atmósfera entre los años 2008 y 2012.
Sectores
Uno de los objetivos españoles del Protocolo es la emisión de 397 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Este máximo afecta a todos los sectores económicos, tanto a los sometidos a la Directiva Europea de Comercio de Emisiones (la industria y las eléctricas), como a los sectores difusos (transporte, residencial y agrícola).
En el primer caso, las emisiones verificadas fueron de 136 millones de toneladas durante 2009, una caída del 16,3% respecto al año anterior. De hecho, los GEI de la industria están un poco por encima de la media de los años 1990-1995, lo que indica el fuerte impacto de la recesión.
La reducción también va en línea con el desarrollo de energías renovables, que han mitigado los GEI de las eléctricas, el principal sector contaminante del país. Como muestra, un botón: durante los tres primeros meses de este año, las emisiones del sector eléctrico cayeron un 44%, gracias a las energías verdes. Éste es el único indicador de que las políticas del Ejecutivo español hayan tenido algo que ver con el cumplimiento de Kioto.
Las instalaciones de combustión españolas, entre las que se encuentran las centrales térmicas de más de 20 megavatios (MW), recortaron sus emisiones un 15,5% durante 2009, hasta 89 millones de toneladas de CO2. Estos datos de reducción están en sintonía con el desplome productivo: el IPI (Índice de Producción Industrial) cayó una media del 15,8% durante 2009.
La fabricación de cerámicas y azulejos fue el sector que más rebajó la generación de CO2 durante el año pasado (un 45%) respecto a 2008. El cemento y la cal produjeron un 21% menos de CO2, y la siderurgia, un 20% por debajo. Estos sectores participaron de forma muy activa en el mercado de emisiones regulado por la UE.
Precisamente, el mercado de derechos tiene que ver con el cumplimiento español de Kioto. La aplicación de la bolsa de carbono, junto con otros mecanismos de desarrollo limpio (inversiones verdes en países en vías de desarrollo), permitió ampliar la cuota de generación de gases hasta el 37%, en lugar del 15% original por encima del valor de 1990-1995.
El objetivo español del Protocolo limita la emisión a 397 millones de toneladas de CO2
En el caso de las emisiones de los sectores difusos, todavía no hay un valor verificado, pero todo indica que serán suficientes como para cumplir Kioto. Bastaría con que los datos fuesen similares a los de 2008, el año del despegue de la crisis. Los expertos del sector aseguran que esta cifra se cumplirá con holgura.
El cumplimiento del compromiso estará certificado de forma oficial si el transporte, la agricultura y la residencias españolas han emitido 261 millones de toneladas de CO2 durante 2009. Sin embargo, la contaminación fue de 243 millones de toneladas en el año anterior y la tendencia ha sido decreciente desde el estallido de la crisis.
Estos datos demuestran que España podría salir mejor parada en cumplir Kioto frente a otros países europeos. En este sentido, la media de reducción de CO2 en la industria de los Veintisiete fue del 11,9% durante 2009. Alemania redujo un 9%; Francia, un 13%; Reino Unido, un 12,5%; e Italia, un 17%.
Diccionario verde
El objetivo
Cuando España firmó el Protocolo de Kioto en 1997, se comprometió a mitigar el aumento de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Tenía un techo de un 15% por encima de la media de 1990 a 1995.
Manga ancha
Esta meta era demasiado ambiciosa, por lo que a este país se le permitió pasar del 15% al 37% si utilizaba mecanismos de desarrollo limpio, entre ellos, la bolsa de CO2. En términos netos, 397 millones de toneladas de CO2.
Los sectores
Los sectores económicos sujetos a este tope están divididos en dos bloques: los sujetos a la directiva de comercio europea (industrias y eléctricas) y los sectores difusos (transporte, agrícola y residencial).
Industrial
La industria española redujo sus emisiones de CO2 un 16,30% en 2009 respecto al año anterior. El valor neto es de 136 millones de toneladas. Esta reducción está en línea con el IPI, que descendió una media de 15,8%.
Eléctricas
El sector eléctrico ha emitido 89 millones de toneladas de carbono durante 2009, un 15,5% menos. El desarrollo de las energías renovables está detrás de este imparable descenso.
Difusos
Todavía no hay datos definitivos sobre los GEI del transporte, el sector residencial y el agrícola, pero todo indica que serán más que suficientes para cumplir Kioto. Con 261 millones de toneladas, habría luz verde y los expertos apuntan que se emitirán muchas menos.
Expansion.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)