Publicado el 21-04-2010 , por M. Valverde Expansión.com
O las empresas tratan de mantener el empleo que ya tienen y de contratar nuevos trabajadores o, por el contrario, siguen pagando a quienes han cumplido los 65 años hasta que se jubilen a los 67 años. Hay que escoger porque, en las actuales circunstancias, no hay para todo.
Este es el mensaje que le ha enviado la patronal al Gobierno, como respuesta a su plan de reforma de las pensiones y, más en concreto, respecto al retraso en la edad de jubilación.
La razón de fondo de este planteamiento de los empresarios está contenida en el documento titulado Aportaciones de CEOE al documento sobre revisión del Pacto de Toledo, que el Ejecutivo ha presentado al Parlamento, la patronal y los sindicatos.
Los empresarios entienden que si bien el retraso en la edad de jubilación “repercute, por la reducción del gasto, en la sostenibilidad y viabilidad financiera del sistema de pensiones”, también es verdad que el Gobierno no puede ignorar “la interacción [que la medida] pueda comportar sobre el mercado laboral y la realidad productiva”.
En este sentido, la patronal recuerda al Ejecutivo que la negociación colectiva tiene la capacidad legal de “establecer la jubilación obligatoria a los 65 años, con determinadas condiciones y requisitos de empleo”. La CEOE se refiere a la Disposición Adicional Décima del Estatuto de los Trabajadores que autoriza a la empresa y a los sindicatos a fijar los 65 años como edad límite de jubilación en los convenios. siempre y cuando se cumplan dos condiciones.
Compromiso
La primera es que, a cambio, la compañía se comprometa a hacer políticas de empleo, como mantenimiento de puestos de trabajo, la conversión de temporales e indefinidos o la contratación de nuevos trabajadores.
La segunda condición es que el trabajador, o los trabajadores que se jubilen con 65 años, tienen que tener cubierto el periodo mínimo de 35 años de cotización, y todas las condiciones que exige la Seguridad Social para poder cobrar la totalidad de la pensión.
Se trata de evitar que puedan perder parte de la pensión trabajadores que no tienen los 35 años de cotización a la Seguridad Social y son obligados a jubilarse –despedidos– por haber cumplido los 65 años.
En todo caso, CEOE dice al Gobierno que “la protección de un bien jurídico de carácter colectivo, como el mantenimiento del empleo para una empresa o sector, tiene prioridad sobre la protección de un bien jurídico de carácter individual [el trabajador que desea seguir en la empresa hasta cumplir los 67 años]”.
Por lo tanto, e indirectamente, CEOE está diciendo al Gobierno que, jurídicamente, es difícilmente compatible pretender el retraso en la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, mientras se mantiene la autorización a los convenios de fijar la jubilación del trabajador a los 65 años.
Curiosamente, ya se produjo una situación similar en 2005 cuando el Tribunal Supremo prohibió a los convenios limitar la edad de jubilación, porque antes está el derecho constitucional al trabajo. Entonces, el Gobierno tuvo que modificar el Estatuto de los Trabajadores para restaurar la autorización a los convenio a cambio de que recogiesen el citado compromiso expreso de mantenimiento o creación de empleo en la empresa o sector.
Los impuestos deben pagar las ayudas a la contratación
En su documento sobre la propuesta del Gobierno acerca de la reforma de las pensiones, la patronal pide que los impuestos, y no las cotizaciones sociales, financien las subvenciones que reciben todo tipo de contratos.
“De una vez por todas debiera establecerse la financiación del conjunto de estas bonificaciones con cargo a impuestos, tal y como señala la recomendación primera del Pacto de Toledo, dice CEOE. Hay que tener en cuenta que el PSOE desechó está idea en 2005 y que esta partida sumará este año 2.815 millones de euros.
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