martes, 25 de mayo de 2010

La limitación del crédito a los ayuntamientos no entrará en vigor hasta 2011

Un corrección en el Boletín Oficial del Estado retrasa seis meses la aplicación de la medida, en vigencia el próximo año
EL PAÍS - Madrid - 25/05/2010
El Gobierno ha publicado una corrección en el Boletín Oficial del Estado que rectifica la fecha de entrada en vigor de la limitación a los Ayuntamientos para solicitar créditos. Mientras que en el decreto ley publicado ayer se señalaba que la restricción estaba vigente "desde la entrada en vigor de la presente norma", en la corrección publicada hoy la retrasa hasta el 1 de enero de 2011. Así, la corporaciones locales podrán continuar pidiendo créditos a las entidades financieras para financiar sus obras públicas hasta finales del presente año, con las limitaciones de endeudamiento establecidas por la ley.

La rectificación se ha conocido en la misma mañana en que la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tiene previsto reunirse para analizar el impacto del plan de recorte aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para reducir el déficit público. Además de la restricción del crédito, el decreto ley también recoge una rebaja del sueldo de los alcaldes y otros cargos locales.

La FEMP tiene previsto debatir los criterios objetivos para que los alcaldes y cargos públicos locales puedan aplicar en sus retribuciones el recorte salarial en la línea de las reducciones establecidas por el Gobierno. También se abordará el hecho de que los ayuntamientos y sus entidades dependientes no puedan acudir al crédito público ni privado a largo plazo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 para financiar sus inversiones. Este último asunto prometía centrar buena parte de la reunión y no es previsible que deje de hacerlo pese a la modificación de fechas conocida hoy.

El cambio si eliminará, por contra, buena parte del carácter de urgencia con el que la FEMP pretendía dar una respuesta unitaria a las restricciones, que practicamente dejan a los ayuntamientos españoles sin margen de maniobra para acometer nuevas inversiones. Ahora, estos podrán incrementar su deuda hasta el límite legal previsto (el 110% de sus ingresos), contando siempre con el visto bueno del Ministerio de Economía. Ayer, nada más conocerse el decreto ley (que en principio, y hasta la rectificación de esta mañana, ya estaba en vigor), varios ayuntamientos y diputaciones aprovecharon para trámitar algunos créditos pendientes con carácter de urgencia.

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